El fiscal Pedro Horrach rechazó que el ex alcalde no podía
desconocer que había firmado unos documentos de pago a nombre de
una persona ficticia para justificar el sueldo de una empleada que
trabajaba en el Ajuntament sin contrato, y que además cobraba del
desempleo: «Si el alcalde no lo sabía, o su nivel de incompetencia
es muy alto o había una gran dejación». Para el fiscal, ninguna de
estas dos situaciones se daba en Montuïri, y por tanto mantuvo que
tanto el alcalde, como el secretario y la empleada urdieron una
estrategia para justificar estos pagos. «Difícilmente se le pueden
escapar al alcalde estas situaciones».
Los abogados Sebastián Frau, José Manuel Valadés y Carles
Tarancón, defensores de los tres acusados, basaron su informe en
convencer al tribunal, que si bien es cierto que la actuación de
sus clientes pudo ser torpe, no existió delito porque no hubo
ningún perjudicado.
Así, Valadés, que defiende al ex alcalde, sostuvo que estos
mandamientos de pago no tenían por objeto engañar a la oficina de
empleo, porque Catalina Vaquer, la empleada, tenía derecho a
percibir el desempleo por el trabajo que había hecho. El letrado,
tras rechazar que su cliente estuviera al tanto de la situación de
la empleada (en su declaración dijo que esa labor era función del
secretario Joaquín Cebolleda), recordó al tribunal que el alcalde
tenía «una responsabilidad política, pero no tenía un conocimiento
tan amplio para controlar todo lo que pasaba en el Ajuntament».
Valadés reconoció: «La actuación de mi cliente fue poco
afortunada, e incluso torpe, pero no ha perjudicado a nadie ni se
ha quedado con una sola peseta». Por último, el letrado recordó
que, casualmente, esta denuncia se presentó un mes antes de las
elecciones.
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