Agentes de la Policía Local de Sóller con el sargento Miquel
Quetglas al frente ejecutaron sobre las 11.00 horas de ayer el
decreto de Alcaldía firmado instantes antes por el batle ordenando
el precinto de actividad de Suliar, en cumplimiento de la
resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Palma. Este segundo precinto ha provocado un mayor efecto que el
primero, pues ahora la sensación de preocupación es más profunda.
El gerente de la cooperativa, Marcel·lí Rullan, se negó como
hizo el mes pasado a firmar la orden de cierre y luego informó a
sus empleados, socios y clientes del cese de la actividad del
almacén de materiales de construcción. La orden judicial responde a
las denuncias presentadas por un grupo de vecinos, hartos de
aguantar las molestias que produce una industria de estas
características en un lugar calificado como suelo rústico en el que
abundan las viviendas. El portavoz de Suliar ha anunciado que la
empresa presentará un nuevo recurso.
El alcalde, Joan Arbona, también expresó su preocupación ante
este nuevo cierre. El primer precinto fue levantado al aceptar el
juez el recurso de la cooperativa. Ahora, el batle ha solicitado
una reunión con carácter de urgencia con la presidenta del Consell,
Maria Antònia Munar, para tratar la posible concesión de la
declaración de interés general provisional para las empresas
ubicadas en suelo rústico mientras se busca la solución
definitiva.
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