El evidente riesgo para la salud que comporta consumir carne que no
ha pasado ningún control sanitario está sancionado con una multa de
sólo 800.000 pesetas. Así lo ha confirmado la Sala Contenciosa del
Tribunal Superior de Justicia de Balears, que ha desestimado el
recurso contra la Comunitat Autònoma presentado por un residente de
Pollença que explotaba un matadero clandestino en la finca rústica
de Can Seguinot, en Pollença.
Los servicios de inspección del Govern se activaron en mayo de
1996 después de recibir la Conselleria d'Agricultura una denuncia
en la que se informaba de un hombre dedicado a la matanza
clandestina de ganado porcino y ovino. La carne de los animales
sacrificados era vendida a restaurantes, carnicerías y particulares
del municipio de Pollença.
En su día, la Direcció General de Sanitat fijó una multa de
800.000 pesetas al ser considerada la infracción como grave. El
afectado argumentó que el expediente había caducado y que su
domicilio y su presunción de inocencia habían sido violados. La
sentencia indica que aunque la matanza hubiera sido para consumo
particular, ésta también era ilegal al no haber autorización.
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