Los juzgados han dado al Ajuntament de Sóller un plazo que finaliza
el día 30 (el 28 a efectos hábiles) de este mes para obligar a los
propietarios de una casa prefabricada, situada dentro de un olivar
del Camí de sa Figuera, a retirar la vivienda que adquirieron como
primer domicilio junto con el olivar, tras regresar de Holanda.
Poco después de haber instalado la caseta del olivar mediante
una gran grúa que obligó al cierre de la carretera de sa Figuera,
Jaume Umbert y su esposa recibieron una carta del Ajuntament en la
que se notificaba la apertura de un expediente «por haber realizado
una construcción ilegal». Un año después, una orden judicial obliga
a los responsables municipales a hacer cumplir la legalidad, ya que
la Ley de Suelo Rústico del Govern no permite la instalación de
estas casas móviles en suelo rústico, según ha confirmado el
departamento de Urbanismo.
El problema es que el matrimonio y sus dos hijos, de 18 y 13
años, que habitan en esta caseta de tan sólo 48 metros cuadrados no
tienen otro lugar a donde ir. Jaume Umbert y su esposa holandesa
pagaron siete millones y medio de pesetas por la casa completamente
equipada. Según afirma, la empresa que le vendió la caseta el año
pasado le aseguró que «no había ningún impedimento legal para
instalarla en cualquier lugar sin licencia de ningún tipo». Ahora,
Jaume Umbert se siente estafado por los vendedores y presionado por
el Ajuntament. Indica que no tiene dinero para pagar un alquiler
como le han sugerido los responsables municipales.
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