Las alegaciones que el GOB ha presentado a la Conselleria de Medi
Ambient, dentro del plazo de exposición pública que terminó el
pasado día 2 de octubre, plantean el incremento de las mejoras
socioeconómicas y, entre otras cosas, que los derechos de tanteo y
retracto, así como la expropiación, sean renunciados por parte del
Govern de les Illes.
El GOB considera que las diferentes consejerías del Govern deben
priorizar la ubicación en el interior del parque en sus diferentes
líneas de ayudas a actividades relacionadas con la conservación de
los recursos agrícolas, ganaderos, naturales y etnológicos. Que
tengan una consideración especial, a efectos de disfrutar de ayudas
económicas, aquellas actividades productivas o comerciales, nuevas
o existentes que estén implantadas en el parque.
El colectivo ecologista considera que los derechos de tanteo y
retracto, así como la expropiación, son mecanismos perfectamente
prescindibles en el marco de la protección de espacios naturales.
No obstante, ante la imposibilidad legal de eliminar estas figuras,
el GOB propone que estén matizadas de forma conveniente para
minimizar sus efectos. Esta matización se debe plasmar
adecuadamente en el articulado y por este motivo el grupo
ecologista propone que «la Conselleria de Medi Ambient renuncie a
la aplicación dentro del parque de los derechos de tanteo y
retracto definidos por el artículo 10.3 de la Ley 4/1989 de
Conservación de la Naturaleza y de la Flora y Fauna
Silvestres».
En cuanto al ámbito del parque, el GOB propone extenderlo a la
zona de Calicant-Na Penyal, la conexión entre Calicant y el Puig
d'Alpara, la zona de sa Jordana-sa Rascló y la Punta de n'Amer,
situadas entre Sant Llorenç y Son Servera.
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