Las puertas de las instalaciones en Consell de la empresa
Lavanderías Diana recibieron ayer la visita de más de trescientas
personas convocadas por la agrupación ecologista Gadma para
protestar en contra de los vertidos incontrolados de aguas tóxicas
en el torrent Solleric que provoca la actividad de esta empresa.
Los manifestantes se quejan desde hace tiempo de estos vertidos al
torrente «con evidente complicidad política, ya que se considera
que el papel de la comarca de es Raiguer dentro del proyecto de
planificación de la Isla es el de ser el retrete del
enriquecimiento de la ciudad y el litoral», según se leyó en el
comunicado de la protesta.
A la manifestación acudieron vecinos no tan sólo de Consell,
sino también de otros pueblos por los que transcurre el torrent
Solleric y que se ven afectados en mayor o menor medida por los
vertidos, como son Biniali y Sencelles. Uno de los objetivos de la
protesta es exigir que «se decrete la suspensión de esta actividad
industrial hasta que se reparen todos sus efectos», explicó Bernat
Fiol, portavoz de Gadma, que espera «presionar a la empresa para
que haga la inversión necesaria en tecnología con el fin de evitar
la contaminación del torrente».
Los manifestantes protestaron con silbatos y pancartas durante
más de una hora ante las puertas de la empresa e increparon a los
camiones que salían del recinto. Gadma ya se ha dirigido en
diversas ocasiones a las Administraciones Públicas para acabar con
los vertidos y la próxima semana tiene previsto reunirse con la
consellera de Medi Ambient del Govern, Margalida Rosselló, para
explicarle la situación. «Le llevaremos una muestra de las aguas
del torrente para que conozca su mala calidad», explicó Fiol.
Los alcaldes de Consell y Sencelles, Joan Bibiloni y Josep Aloy,
han mostrado en los últimos días su apoyo a Gadma para frenar los
vertidos al torrente. Los miembros de Gadma presentaron el pasado
jueves en el Ajuntament de Consell 2.844 firmas en contra de las
actividades de Diana por los vertidos incontrolados. Vecinos y
ecologistas entienden que las primeras acciones de presión sobre la
lavandería industrial deben comenzar en el propio Ajuntament de
Consell.
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