Fausto Ferrero, presidente del Grup Fer, denuncia la «indefensión»
y la «inseguridad jurídica imposible de sostener» a la que se
enfrentan en la actualidad los promotores de Balears por la
decisión de las administraciones de proceder a la desclasificación
de suelo urbanizable. El Grup Fer es el promotor de la segunda fase
de es Caülls, terreno que el Ajuntament de Marratxí pretende
proteger. «El Ajuntament firmó un convenio para urbanizar estos
terrenos, del que nadie habla ahora. Este convenio es un contrato y
lo hemos cumplido a rajatabla, además de gastar muchos millones en
las contraprestaciones que nos pedía (acometidas de agua, acceso
autopista, rotonda)», explica Ferrero.
«Por la prensa», agrega, «me enteré de que el Ajuntament había
tomado la decisión de desclasificar el terreno y como promotor me
siento indefenso». El presidente del Grup Fer denuncia que a partir
de entonces «a todos nuestros proyectos nos pone un veto; están
paralizados. Ha sido un desgaste personal, poniéndonos impedimentos
para arruinarnos económicamente y moralmente. La concejal de
Urbanismo ha optado por una vía de acoso y derribo».
Ferrero, no obstante, confía en la Justicia y cree que, aunque
sea tarde, «saldrá a relucir la verdad». En este sentido, anunció
que se denunciará del Ajuntament por dos vías: la firma del
convenio y la desclasificación del terrenos, que no tienen ningún
valor medioambiental para su protección. «En el peor de los casos,
la indemnización será de 2.000 millones por todos los gastos
realizados hasta ahora y esta cifra puede ascender a 8.000 millones
por incumplimiento del convenio». Además, exigirá responsabilidades
personales: «En este caso, hay una prevaricación tan evidente que
espero que vaya a buen término». Ferrero concluye que «al
Ajuntament, la tozudez de ir en contar del Grup Fer, le ha costado
100 millones en licencias por recurrir al procedimiento de
demora».
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