La norma territorial cautelar aprobada por el Consell de Govern día
3 de agosto establece que en Inca sólo se podrá construir un máximo
de 326 viviendas durante 2001. El cálculo de dicha cifra se basa en
una capacidad de alojamiento de la ciudad fijada en 32.586
habitantes en suelo urbano y para uso residencial.
No obstante, según certifica el letrado municipal en un informe
que data de día 26 de noviembre, «las licencias de obras otorgadas
hasta hoy suponen la autorización de 509 viviendas durante
2001».
El concejal de Urbanismo, Bartomeu Seguí (PP), explica que «el
informe del letrado no significa que no se haya respetado la
moratoria» y mantiene que «en el informe se lleva a cabo un
recuento de las viviendas otorgadas en el año 2001, pero la
moratoria en la que se fijaron cupos se aprobó en agosto y, la ley
marca que no puede ser retroactiva en más de dos meses». Esto
significa, dice el edil, «que si se tiene en cuenta que la mayoría
de las 509 nuevas viviendas autorizadas en 2001 tienen licencias
otorgadas antes de junio y no están afectadas por la moratoria,
todavía quedan viviendas a las que se pueden dar permiso».
Seguí dijo no estar de acuerdo con el cupo fijado por el Govern
porque se basa en un techo poblacional de 32.586 habitantes, una
cifra que no se ajusta a los alrededor de 49.000 habitantes que
marca el Plan General de la ciudad. «Hemos presentado alegaciones a
la norma cautelar del Govern pero todavía no nos han contestado»,
concluyó Seguí.
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