T. GARCIES26/12/01 0:00
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Los ingresos municipales derivados de la imposición de sanciones urbanísticas se triplicarán durante el próximo año. Al menos, así lo ha previsto el equipo de gobierno UM-PSOE en los presupuestos municipales de 2002. Si para este año estaba prevista una recaudación de 17 millones de pesetas por este concepto, en los próximos doce meses los ingresos por este concepto se elevan a 60 millones. El primer teniente de alcalde, Antoni Alemany, justifica el aumento refiriéndose a la campaña de inspecciones puesta en marcha por el Ajuntament.

En esta línea, el equipo de gobierno ha decidido aplicar, por primera vez, el impuesto de construcciones a todas las obras que se detecten sin licencia. De este modo, los propietarios deberán pagar el 2'5% del presupuesto de la obra que ejecutan y, a la vez, hacer frente al correspondiente expediente de infracción por no haber solicitado la licencia. Con el cobro de este impuesto se ha estimado ingresar 20 millones extras pero sólo con dos expedientes se puede resolver una bonificación cercana a los 40 millones.

Alemany ha explicado que algunas de las obras ilegales corresponden a establecimientos hoteleros que aprovechan el invierno para realizar importantes reformas internas sin pedir la correspondiente licencia. El PP ha criticado con dureza los criterios urbanísticos del equipo de gobierno, al que ha acusado de «tratar a los ciudadanos como presuntos infractores». Según los populares, «es una chorizada presuponer que se cometerán ilegalidades urbanísticas y prever ingresos por esta vía».