El titular del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Palma,
Jaime Tártalo, ha condenado a Andrés Sastre Barceló, propietario de
Can Casetes; Pedreres Can Ramis SL, explotadora de la cantera
convertida en vertedero; y al ingeniero Antonio Rodríguez a
indemnizar con dos millones de pesetas a cada uno de los 21 vecinos
de la urbanización s'Aranjassa que les demandaron al considerarlos
responsales de una conducta negligente cuyo resultado fue la
emisión de humos y olores desde la cantera-vertedero que provocaron
daños, perjuicios y molestias. El fallo no es firme y los
demandados pueden interponer ahora un recurso de apelación.
Durante una temporada, cuando fue presentada la demanda, los
responsables de Can Casetes tenían un contrato con la asociación
Astracoma, que era la que realizaba los vertidos. En la resolución
de este pleito, resuelto el pasado día 19 de diciembre, ha pesado
la existencia de una anterior sentencia de 1997 ratificada por la
Audiencia de Palma en marzo de 2001 que ha sido incumplida y que
prohibía «seguir vertiendo residuos no inertes» y que obligaba a
«apagar la combustión, y que la actividad desarrollada no contaba
con las opourtunas licencias administrativas».
En la sentencia condenatoria, el juez ha tenido en cuenta
numerosos informes de la Guardia Civil, Bombers de Mallorca,
Ajuntament y Policía Local de Llucmajor y Conselleria de Medi
Ambient que demuestran la existencia de una combustión interna en
la cantera, motivada por el vertido ilegal de material no inerte
para su regeneración, que provocaba humos y olores molestos para
los residentes en la zona. El fallo recuerda que no sólo no se han
detenido los vertidos ni se ha sofocado la combustión interna sino
que incluso después de la presentación de la demanda «los vertidos
han continuado, propiciando el mantenimiento de la combustión y las
emanaciones de humo».
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