El fiscal solicitó ampliar las sanciones a los tres políticos y el
funcionario de Banyalbufar que se han sentado en el banquillo por
un supuesto delito de prevaricación. La Fiscalía imputó, además de
la prevaricación, a los cuatro acusados, o bien como autores o como
encubridores, un delito de negociación prohibida a funcionarios.
Mientras que por el delito de prevaricación el fiscal ya pedía seis
años de inhabilitación para cada acusado, en esta nueva imputación
solicita otros dos años y ocho meses de inhabilitación para cada
uno, más una multa a razón de mil pesetas diarias durante un
periodo de 18 meses.
Ignasi Ribas, el letrado que representa la acusación particular
en nombre del Ajuntament de Banyalbufar, se sumó a la petición del
fiscal. Los abogados defensores, Juan Luis Matas y Eduardo
Valdivia, pidieron al tribunal la absolución de sus clientes,
basándose en que los hechos que han podido cometer ya no están
contemplados como delito. El juicio continuará el próximo lunes con
la presentación de los informes.
En la sesión de ayer declaró el ex alcalde de Banyalbufar,
Antoni Mora (IB-PSM), que relevó a Tomàs (PP) tras las elecciones
de 1995. El político, que dimitió de su cargo, explicó que durante
la oposición ya denunció la concesión ilegal de obras a un concejal
del partido del gobierno hasta 1995. Señaló que el alcalde le dijo
que no se concedían estas obras directamente al concejal Miquel
Tomàs, sino que era a su empresa, que en ocasiones también hacía
subcontratas de otras constructoras que le cedían trabajos
concedidos por el Consistorio.
Otro edil que actuaba como portavoz de la oposición cuando Tomàs
era batle explicó al tribunal que muchas de las obras se aprobaban
en comisión de urgencia, y no pasaban por la comisión informativa,
sino directamente al Pleno para su aprobación.
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