La Audiencia ha considerado que el ex alcalde del Ajuntament de
Banyalbufar Jaume Tomás Font y los ex concejales Miquel Tomás
Àlvarez y Miquel Bujosa Albertí, han cometido un delito de
prevaricación. Por ello, los tres políticos del Partido Popular
(PP) han sido condenados a seis años y un día de inhabilitación. El
tribunal les absuelve de un delito de negociación prohibida a
funcionarios que les imputó el fiscal. Los jueces han absuelto al
funcionario del Ajuntament Lorenzo Antonio Picornell Vives, que
actuó como secretario habilitado, y que también fue acusado de
cometer un delito de prevaricación.
La sentencia condenatoria se ha dictado porque el ex alcalde
popular otorgó unos trabajos de construcción a un concejal de su
propio partido, Miquel Tomás, que además era el responsable del
área de Obras. La sentencia refleja el número de obras que realizó
este constructor, que no se le concedieron directamente a él, sino
a su empresa. Algunas de estos trabajos fueron concedidos en un
principio a otro constructor de la localidad, pero algunas las hizo
el concejal condenado. Por todos estas labores, percibió unos
quince millones de pesetas.
El otro concejal que ha sido condenado a inhabilitación es
Miquel Bujosa Albertí. La sentencia declara que dos años antes de
ser concejal recibió el encargo, «directamente del alcalde» de que
condujera el camión de recogida de basuras. El político desempeñó
este trabajo desde el año 1992 a 1995, y fue en este periodo cuando
fue elegido concejal.
La sentencia, redactada por el juez Francisco Javier Mulet,
analiza la figura delictiva de la prevaricación. Explica que este
delito se produce cuando un funcionario público (en este caso un
concejal) dicta una resolución en un asunto administrativo no
adecuada a derecho. Esta resolución, según el juez, ha de «ser
injusta, es decir, la ilegalidad cometida ha de calificarse de
evidente, patente, flagrante o clamorosa».
Con este razonamiento el tribunal considera que el ex alcalde
del PP Jaume Tomás otorgó obras del Ajuntament (según él eran
urgentes) a un concejal de su propio partido y lo hizo a pesar de
que sabía que la ley prohíbe conceder trabajos a un político que
representa un cargo público, en este caso en el Consistorio de
Banyalbufar.
La sentencia será recurrida ante el Tribunal
Supremo
Con toda seguridad el abogado de los tres políticos condenados,
Juan Luis Matas, presentará un recurso ante el Tribunal Supremo
contra esta sentencia. Los políticos alegaron en el juicio que, si
bien conocían esta incompatibilidad, los trabajos que realizaron
para el Ajuntament no perjudicaron a nadie, sino todo lo contrario,
beneficiaron al pueblo. El tribunal ha rechazado la petición de que
el concejal que realizó los trabajos de construcción devolviera los
15 millones que recibió por estas obras, y que el otro político
devolviera también el dinero que cobró por conducir el camión de la
basura. Los jueces también descartan que la figura de prevaricación
por la que estaban acusados ya no sea delito, como mantenía el
abogado defensor Eduardo Valdivia, cuyo cliente ha sido
absuelto.
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