El proyecto de recuperación y mejora del acceso al mar de Bahía
Azul (Llucmajor) promovido por el Ministerio de Medio Ambiente que
afecta a una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) no
será sometido a evaluación de impacto ambiental, según ha
determinado la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
No obstante, según una directiva europea, el proyecto deberá contar
con la conformidad expresas del órgano ambiental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. La mejora del acceso al mar de Bahía
Azul, que tiene un presupuesto de 1.886.649'93 euros (313'9
millones de pesetas), prevé tres actuaciones. Por un lado, se
procederá a la estabilización de los taludes a lo largo de 720
metros de carretera mediante bulones y mallas de cables de acero.
Por otro, se llevará a cabo el repavimentado y drenaje del vial
en los primeros 516 metros de la carretera para la circulación de
vehículos, donde se sustituirá el aglomerado por un pavimento
adoquinado. En los últimos 50 metros del vial, se creará un
aparcamiento de 35 plazas. Finalmente, se mejorará el acceso
peatonal que se iniciará justo donde acaba el estacionamiento y
finalizará 200 metros más adelante. En este punto se producirá un
ensanchamiento de la calzada para instalar una pérgola de madera y
bancos. Esta intervención prevé también la creación de una escalera
y dos plataformas de madera de soláriums.
Esta zona se enmarca dentro de los acantilandos de Cap Blanc y
Cap Enderrocat, declarada ZEPA, donde anidan habitualmente el
halcón peregrino, el águila calzada y el cormorán moñudo. El
informe redactado por la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio concluye que la obra fomentará, en todo
caso, el uso de la zona. «No se prevé un aumento de visitantes»,
indica. «La zona de nidificación (talud)», añade, «una vez
terminada la obra no sufrirá un cambio sustancial, puesto que el
sistema de sostenimiento a base de mallas permitirá la vegetación y
el mantenimiento de los nidos». En el punto final, este estudio
precisa que «durante la fase de ejecución de las obras, el impacto
se prevé mínimo puesto que se llevará a cabo entre septiembre y
enero, fuera de los meses de nidificación.
Por todos estos motivos, se considera que la tramitación puede
resolverse satisfactoriamente con un estudio de incidencias
ambientales, pero no someterse a una evaluación de impacto
ambiental. Los principales impactos que se pueden producir son las
emisiones atmosféricas derivadas del movimiento de tierras, la
posible alteración de la calidad de las aguas por vertidos
accidentales y la generación de ruido. Los meses idóneos para
comenzar el proyecto, en exposición pública, son septiembre u
octubre y la duración del mismo será de cuatro meses.
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