El Tribunal Supremo ha ordenado el embargo de propiedades del
Ajuntament de sa Pobla por valor de 5.382 euros (895.000 pesetas)
por el impago de las costas procesales de un juicio que perdió en
1999. Por una providencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
se insta al Juzgado de Primera Instancia de sa Pobla (por un error
se refiere al Juzgado de Sa Pobla, que no existe, en lugar de al de
Inca) a que envíe un agente judicial para que lleve a cabo el
embargo.
En la providencia, fechada el pasado 12 de febrero, se pide que
el embargo no afecte a servicios públicos y se da la opción a que
el Ajuntament decida con qué bienes hará frente al embargo. La
providencia considera que ha transcurrido «en exceso» el plazo por
el que se requirió al Ajuntament de sa Pobla para que hiciera
efectivo el pago de tasación de costas. De hecho, han pasado tres
años desde que el Supremo dictó sentencia. El día 4 de septiembre
de 2001, el Tribunal Supremo envió una providencia al Ajuntament de
sa Pobla para que hiciera frente al pago de la deuda en el plazo de
ocho días.
La historia del embargo se remonta al año 1992. En aquella
fecha, el Ajuntament de sa Pobla aprobó la ordenanza fiscal del
impuesto de construcciones e instalaciones de obras y la ordenanza
del impuesto sobre vehículos. Cinco concejales del PSM presentaron
un recurso en contra de la aprobación de estas dos ordenanzas. El
21 de julio de 1999, una sentencia del Tribunal Supremo declaró la
ilegalidad de estas ordenanzas que el Ajuntament ya había cobrado y
que le reportaron unos ingresos de 130.419 euros (21'7 millones de
pesetas).
El Tribunal Supremo condenó además al Ajuntament de sa Pobla al
pago de los costes procesales y, dado que la institución local no
ha pagado a pesar de los reiterados requerimientos del Tribunal
Supremo, ahora, casi tres años después de la sentencia, ha ordenado
el embargo de bienes.
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