El alcalde de Escorca, Antoni Gómez, junto al presidente del PP de Mallorca y alcalde de Inca, Pere Rotger.

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JUAN MESTRE/L.P. El alcalde de Escorca, Antoni Gómez, del Partido Popular, será juzgado por un supuesto delito electoral. Gómez fue denunciado en junio de 1999 por la inscripción irregular de votantes en dicho municipio de la Serra de Tramuntana. El juez titular del Juzgado de Instrucción número uno de Inca ha dictado un auto en que fija un plazo de cinco días para presentar un escrito de acusación antes de proceder al juicio oral.

El diputado de Esquerra Unida Miquel Ramón recordó ayer que las irregularidades imputadas a Antoni Gómez se produjeron cuando el administrador del Santuari de Lluc denunció ante los tribunales que unas 40 personas estaban censadas en las celdas del municipio sin residir en ellas. «Estas personas estaban censadas en las celdas cuando ni vivían allí ni aparecían», denunció Ramón. Esquerra Unida considera que la decisión del juez de Inca de iniciar juicio oral da la razón «a los que decíamos que se había producido una inscripción irregular de votantes en Escorca».

De hecho, estas supuestas irregularidades fueron tratadas en la comisión de investigación del «caso Formentera» que se creó en el Parlament. Dicha comisión llegó a la conclusión de que en el censo electoral de Escorca aparecía un número indeterminado de votantes que no tenía su residencia habitual en el municipio. Además, dicho censo se incrementó un 50 por ciento entre 1991 y 1995, sin ninguna relación con el crecimiento de la población. La comisión de investigación determinó en sus conclusiones que no podía comprobar ninguna de las supuestas irregularidades ya que sólo correspondía a los tribunales aclarar si se produjo algún tipo de delito.

No obstante, la comisión de investigación calificó de «muy curioso» que el alcalde de Escorca demostrase «un conocimiento tan exhaustivo de la tendencia política de todos y cada uno de los censados». En su declaración ante la comisión, el alcalde de Escorca justificó que todas las rectificaciones anuales del padrón municipal fueron aprobadas por unanimidad por el pleno del Ajuntament y que nunca se habían formulado quejas o reclamaciones. Gómez afirmó ayer «estar muy tranquilo porque siempre he cumplido con la legalidad. Me parece bien que el juzgado quiera llegar al fondo del asunto».