Majórica SA anuncia que realizará en el plan estratégico las variaciones necesarias para la superación de la crisis.

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La empresa Majórica está buscando alternativas a la nueva situación tras exigir el Govern una ampliación de capital en torno a los 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas) frente a los tres millones de euros (500 millones de pesetas) que los accionistas querían invertir para reflotar la empresa. Ayer por la tarde se celebró una reunión entre los representantes del Govern balear y los accionistas de Majórica, en la que se dio a conocer la postura del Ejecutivo de no avalar el préstamo de 4'2 millones de euros (700 millones de pesetas) si los accionistas no ampliaban el capital exigido. Pere Trias, gerente del Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), explicó que «esta inversión es necesaria para asegurar la viabilidad de la empresa a medio plazo, mantener los puestos de trabajo de los que quedan y asegurar el dinero de las prejubilaciones».

Trias expresó que «dentro de pocos días, Majórica deberá presentar una solución. De momento, está estudiando nuestra propuesta y seguramente presentará alguna alternativa, aunque, en ningún momento, se ha comprometido a ampliar el capital exigido por el Govern». En un comunicado de prensa, Majórica expresa su sorpresa por las declaraciones efectuadas el pasado viernes desde los representantes de las tres conselleries de Treball, Hisenda i Pressuposts y Economia, Comerç i Industria del Govern, «comunicando a los trabajadores su decisión de no apoyar el plan estratégico de la compañía».

El representante a nivel estatal de Comisiones Obreras (CC OO), José Fuentes, explicó ayer que teme que Majórica presente la quiebra debido a la nueva exigencia por parte del Govern balear, de que los accionistas deben aportar un capital de 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas. El sindicalista criticó que «vamos de mal en peor y el Govern, con esta actitud, pone en peligro el preacuerdo que firmaron el 90 por ciento de los trabajadores y todo por unos 700 millones de pesetas que la empresa deberá devolver». Fuentes auguró que habrá movilizaciones y expresó que «nadie nos acusará de pasivos». Esta mañana el sindicato CCOO y los comités de tienda y fábrica se pronunciarán al respecto.