Demarcación de Costas de Balears sacará a exposición pública un
nuevo estudio de evaluación de impacto ambiental para la extracción
de arena de Cap Salines en el que rectifica la zona de explotación
y reduce considerablemente la cantidad para la regeneración
artificial de las playas dañadas por el temporal de noviembre.
Fernando Garrido, jefe de este departamento dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, presentó ayer el estudio elaborado
por el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) y la
Universidad de Valencia que propone cambiar el polígono de
extracción y reducir la zona de explotación de 159 a 65 hectáreas.
Esta zona se encuentra a 200 metros de las praderas de posidonea
y la extracción afectará a una franja de 20 a 30 centímetros, por
lo que la incidencia será mínima y la recuperación inmediata, según
los expertos. En total, la cantidad extraer disminuirá de 320.000 a
150.000 metros cúbicos de arena para la regeneración de las playas
de Can Picafort, Muro y Cala Millor, zonas más afectadas por la
pérdida de áridos. El yacimiento de Cap Salines tiene unos 20
millones de metros cúbicos.
Hasta ahora, Costas mantenía que no era necesaria la exposición
pública de la evaluación de impacto ambiental, pero la insistencia
del Govern ha motivado que se replantee la tramitación del
proyecto. «El Govern ha puesto muchas trabas a la regeneración.
Balears está a la cola de las comunidades mediterráneas en
recuperar las playas dañadas por el temporal», aseguró Garrido,
quien agregó querer evitar «polémicas estériles». El jefe de Costas
garantizó que antes del verano las playas estarán regeneradas para
afrontar la temporada turística y que se realizará como una obra de
emergencia. Esta actuación tendrá un coste de 1.200.000 euros.
El GOB lamenta el uso del Imedea por parte del
Gobierno
El GOB lamenta el empleo «perverso» de los estudios que realiza el
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) por parte del
Ministerio de Medio Ambiente como argumento para regenerar playas
artificialmente. Los ecologistas consideran que se utiliza este
organismo «para justificar el actual sistema de gestión de playas,
evidentemente insostenible, basado en la regeneración artificial».
A juicio del GOB, los estudios del Imedea «no entran a diagnosticar
las causas de la pérdida acelerada de arena en algunas zonas, que
sin duda hay que comenzar a buscar en la mala gestión que hacen
algunos ayuntamiento».
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