El presidente de la Govern de les Illes, Francesc Antich, requirió
ayer a la Demarcación de Costas de Balears el cese inmediato de la
regeneración artificial de la playa de Can Picafort y el dragado de
los yacimientos marinos de la costa de Banyalbufar y otras calas de
la costa norte de Mallorca, actuaciones «realizadas sin amparo
legal y que constituyen vía de hecho de una administración pública,
prohibida por nuestro ordenamiento jurídico y la Constitución».
El requerimiento de la Comunitat Autònoma se produjo a media
tarde de ayer, según informó la consellera de Medi Ambient,
Margalida Rosselló, quien calificó de «atropello indignante y falta
de respeto a Balears» la intervención del Ministerio de Medio
Ambiente, presidido por el mallorquín Jaume Matas. El Govern
argumenta que Demarcación de Costas no está informando a la
Conselleria de Medi Ambient de ninguno de los proyectos que afectan
a su litoral, aún cuando las actuaciones se realizan en zonas
declaradas Lugar de Interés Comunitario (LIC) e incumplen la
directiva europea de hábitats. «No nos están dando la oportunidad
de opinar cómo restaurar las playas», indicó Rosselló, quien,
además, reiteró que la regeneración que se lleva a cabo actualmente
no devuelve el perfil de las playas anterior al temporal de
noviembre: «Se están ejecutando proyectos de hace años rechazados
por gobiernos populares anteriores».
El requerimiento fue remitido ayer a la Demarcación de Costas,
Delegación de Gobierno, ayuntamientos afectados y a las empresas
que realizan las obras. De no llevarse a efecto esta petición,
serán los tribunales los que ordenarán la paralización. Según la
Conselleria de Medi Ambient, ni los archivos de la Comunitat ni en
boletines oficiales consta que el proyecto de extracción de arena
de la Serra esté aprobado como es preceptivo. «El propio Jaume
Matas se opuso a la extracción de arena de esta zona y el proyecto
quedó paralizado», recordó Rosselló. Juan Manuel Gómez, director
general de Biodiversitat, apuntó que la intervención del Gobierno
podía constituir un supuesto delito de desvío de poder o
prevaricación.
El director general de Pesca, Sebastià Covas, por su parte,
alertó de la intervención que se está llevando a cabo también en
Cala Sant Vicenç, donde la regeneración de la playa puede destrozar
las reservas de jonquillo y cabotí de los próximos 10 años. José
Trigueros, director general de Costas, indicó ayer que «se han
cumplido todos los requisitos a nivel administrativo. La
disposición para mostrar informes ha sido total».
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