El grupo ecologista GOB y el partido nacionalista PSM solicitaron
ayer, a través de sendos comunicados de prensa, el inmediato
derribo de los cuatro chalets de Llucalcari sobre los que pesa una
sentencia que obliga a su demolición. Ambos colectivos coincidieron
en acusar al Ajuntament de Deià, regido por el PP, de «obstaculizar
la aplicación de la sentencia».
La polémica se remonta a 1985, hace 17 años, cuando el
propietario de la finca Can Simó realizó una parcelación para
construir varias viviendas unifamiliares aisladas. El Ajuntament
otorgó un permiso para abrir un camino agrícola para comunicar las
parcelas. Esta autorización fue recurrida y los tribunales
concluyeron que el permiso jamás debería haberse concedido.
Por otra parte, el Consistorio también concedió licencias entre
1986 y 1987 para construir cuatro chalets que posteriores fallos
judiciales (el último un auto del Tribunal Superior de Justicia de
Balears en julio de 2001) han anulado e incluso ordenan demoler las
construcciones «sin más dilación». El Ajuntament de Deià recurrió
esta última decisión judicial y en el pueblo se han recogido firmas
contrarias a la demolición al entender que las casas, forradas de
piedra, están integradas en el paisaje.
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