Los servicios jurídicos del Ajuntament de Deià estudian cómo agotar
todas las posibilidades legales para evitar el derribo de cuatro
chalets de Llucalcari. El alcalde de Deià, Francesc Salas, ha
informado que los juristas municipales estudian «si queda alguna
posibilidad legal» de impedir la demolición de cuatro viviendas de
Llucalcari sobre las que pesa una orden judicial de derribo.
El último recurso de súplica presentado por la Administración
local ha sido desestimado esta semana por el Tribunal Superior de
Justicia de Balears, que en anteriores autos había instado al
Ajuntament a afrontar la demolición, en cumplimiento de una
anterior sentencia del Tribunal Supremo en esta misma línea.
El batle popular de Deià señaló a este periódico que al ser el
mes de agosto un periodo de vacaciones para la Administración
judicial, el Ajuntament tiene de plazo hasta día 6 de septiembre
para recurrir de nuevo ante el Supremo. El Ajuntament podría basar
su tesis en que la actual normativa urbanística daría por buenas
las licencias otorgadas irregularmente en 1987. Salas apuntó que ya
sólo queda esta última instancia y que si finalmente se ordena el
derribo «se tendrá que acatar la sentencia».
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