Inspectores de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda y
de la Conselleria de Turisme del Govern peinan las viviendas
vacacionales de Pollença para detectar posibles infracciones. La
batida de las últimas semanas ha alarmado a los propietarios de
estas viviendas y las agencias que las alquilan, pendientes de
regularizar su situación desde que se aprobó la Ley de Turismo en
1998, dejando fuera de ordenación estos establecimientos.
Mil de las aproximadamente tres mil viviendas vacacionales que
funcionan en Balears están en Pollença. Se calcula que generan un
volumen de negocio anual de 36 millones de euros (6.000 millones de
pesetas), del que viven mil familias.
Las viviendas vacaciones son casas particulares,
mayoritariamente ubicadas en suelo rústico, que son alquiladas a
turistas. La mayoría de ellas han tratado de legalizar su
situación, colaborando con el Govern. De hecho, los propietarios de
esta viviendas reacaudan la ecotasa.
Los portavoces del Partit Popular (PP) de Pollença y Unió
Mollera Pollençina (UMP) denunciaron ayer que la Agencia Tributaria
se vale de un listado filtrado por la Conselleria de Turisme para
realizar sus inspecciones. Este listado habría sido elaborado hace
dos años con los datos facilitados por los propietarios que
confiaron en la promesa del conseller Celestí Alomar, de que así
regularían su situación. Por eso acusan a Alomar de «vender» a esos
dueños, «engañándoles para que dieran sus datos».
Ultima Hora trató ayer de contactar con Alomar,
que se encuentra de viaje y que delegó en su responsable de prensa:
«Turisme no está realizando inspecciones en Pollença y no ha
facilitado ningún listado a la Agencia Tributaria».
Los propietarios de viviendas vacacionales contradicen esta
versión y confirman la de PP y UMP, denunciando que en los últimos
días han recibido la visita de inspectores de Turisme acompañados
de inspectores de la Agencia Tributaria.
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