Los edificios comprendidos en el interior del recinto amurallado de
Alcúdia gozarán, a partir del jueves, de un mayor grado de
protección. Sus propietarios podrán acceder, a cambio, a un mayor
número de ayudas económicas para su rehabilitación y mantenimiento.
Los edificios catalogados estarán exentos, por ejemplo, del pago
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
El pleno municipal ordinario del próximo jueves 9 de enero
debatirá, tras quince años de tramitaciones, el Plan Especial de
Protección del centro histórico. Equipo de gobierno (PSOE-UM) y
oposición (PP-Grupo mixto) han mantenido distintas reuniones en los
últimos meses para intentar alcanzar un consenso a la hora de
proteger el casco antiguo de la ciudad.
«El nuevo planeamiento específico intramurallas convertirá en
obligatorias las normas de rehabilitación que ahora se siguen por
pura convicción», dijo el regidor de Urbanismo, Miquel Ferrer (UM).
Y es precisamente en esa obligatoriedad en la que discrepa el
Partido Popular, cuyo portavoz aún no estaba convencido a día de
ayer de la viabilidad de la normativa. «Es un tema difícil, creo
que hay que ver la evolución histórica y en los últimos quince años
el casco antiguo de Alcúdia no se ha degradado sino todo lo
contrario», dijo Miquel Ramis.
El nuevo texto prevé la peatonalización total del casco urbano y
salvo excepciones prohíbe aumentar alturas y la edificación de los
patios. Se anuncia, además, la elaboración de un plan especial de
usos que definirá en breve cuáles serán las zonas de la ciudad
destinadas a uso comercial y cuáles a vivienda. El plan especial
marca, además, una tendencia a recuperar el Camí de Ronda, que
rodea la muralla y que ya ha sido recuperado parcialmente.
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