El pleno municipal de Santa Margalida aprobó anoche por
unanimidad de todos sus miembros crear dicha comisión a raíz de una
propuesta de UM. También se creará (con la abstención del PP) una
segunda comisión para aclarar si, tal y como sospecha el regidor de
UM, Joan Monjo, parte de los terrenos adquiridos por el Govern
balear eran de propiedad municipal y no de titularidad privada.
Los grupos municipales de UM y PSOE acusaron al alcalde Antoni
del Olmo de haber ocultado deliberadamente información relevante al
Govern balear sobre los apartamentos de Na Borges, lo que habría
duplicado la tasación de esta finca. El alcalde negó todas las
acusaciones.
Joan Monjo (UM) dijo: «Acuso al alcalde de ocultar toda una
serie de documentación, no dijo por ejemplo que la licencia de
construcción otorgada en 1987 era de imposible ejecución y que el
titular de dicha licencia no eran los propietarios de la finca,
Joan o Rafael Mulet, sino otra sociedad».
El regidor de UM denunció también que «el alcalde ocultó que las
obras estaban paralizadas por Costas en 1988, que los dos edificios
de delante tenían que ser derribados y los otros dos estaban
pendientes del deslinde definitivo». «Se oculta, además, un escrito
que presentó el propietario Rafael Mulet cuando para recuperar los
derechos de edificación presentó unos periciales del juzgado que
hablaban del deterioro irreversible del edificio que debía ser
demolido», dijo Monjo.
El regidor de UM añadió: «También se oculta que el 11 de junio
de 1998 el propietario registra un escrito en este Ajuntament
denunciando que varios inversores interesados en la compra de la
finca, tras consultar con la administración han desistido de la
compra ante la dudosa legalidad de la edificación». También
denunció que «alguien de este Ajuntament encargó en 1996 un informe
sobre la caducidad de la licencia que luego no tramitó».
Monjo mostró un plano catastral del año 1962 que pone en duda la
titularidad privada de la superficie de la finca de 3.937 m2
comprada por el Govern balear a la familia Mulet por un importe de
1.964.320 euros. El regidor de UM explicó que la superficie vendida
parece incluir dos calles públicas que ocuparían una superficie
aproximada de 825 metros cuadrados, por lo que en virtud de la ley
estatal del suelo el Ajuntament tendría derecho a reclamar la parte
proporcional del importe cobrado por la familia Mulet.
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