El Ajuntament ha dejado de ingresar 264.000 euros (44 millones de
pesetas) por la explotación de las playas ya que según denunció
Joan Monjo (UM) y certificó la interventora municipal, el
concesionario de las playas no ha satisfecho el canon de 2002 y no
existen en el Ajuntament avales para cubrir esta cifra.
El Ajuntament debería haber cobrado 844.766 euros (140'5
millones de pesetas) del concesionario Tecplaya, empresa que
explotó las playas del municipio después de que el polémico
adjudicatario Baltasar Pulpillo les cediera la concesión con el
visto bueno del equipo de gobierno (PP-CPU).
Según denunció UM en el último pleno municipal «el equipo de
gobierno consintió que Tecplaya colocara y explotara las hamacas
sin que exista un contrato entre esta empresa y el Ajuntament».
Además, según ha certificado la interventora municipal, aunque
el aval que acuerda el pliego de condiciones es de 844.766 euros el
importe avalado por el concesionario es únicamente de 580.595
euros. «Por tanto -dice el informe de la interventora- la
diferencia entre la cantidad a satisfacer en concepto de canon y la
cantidad avalada es de 264.170'89 euros».
El regidor de UM, Joan Monjo, presentó una propuesta al pleno
del lunes para poner todos estos datos en conocimiento del fiscal,
«para que aclare las responsabilidades de autoridades y otras
posibles personas». La moción no prosperó porque el equipo de
gobierno se abstuvo en la urgencia.
La abstención del regidor disidente de CPU, Joan Canet, no cayó
bien entre los nacionalistas que a partir de ese momento se
abstuvieron en la votación de todas las mociones de urgencia
presentadas por el PSOE y que contaban con el apoyo de Canet.
Así el pleno rechazó una tras otras las mociones presentadas por
el PSOE, en contra de la participación de España en la guerra
contra Iraq o sobre la firma de un protocolo con la Conselleria de
Sanitat que garantice la construcción de un PAC.
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