Marilena Tugores y Antonio Medina, frentea las vivendas sociales de Galatazó.

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La solicitud del Consistorio calvianer de suspender como uso los centros geriátricos privados planteó la discriminación entre propietarios públicos y privados. Miquel Nadal, vicepresidente del Consell, expuso que «no se entiende que en función de que sean propietarios públicos o privados se prohíba un uso determinado; no es un requisito urbanístico».

Neus Pacheco y Jorge Herrero, teniente de alcalde de Urbanismo y jefe de área de Urbanismo, respectivamente, se trasladaron ayer a Palma para defender el proyecto municipal. «En Calvià hay suficientes residencias de la tercera edad y la proyección es que se convierta en un aparcaabuelos europeo si no se toman medidas. La realidad es que empresas solventes inician proyectos de este tipo y después abandonan a los mayores, viéndose el Ajuntament obligado a recogerlos. Pasados dos años, las personas que están en estas residencias tienen derecho a pasar a la municipal»», argumentó Pacheco. «¿Se quiere convertir Balears en la residencia de la tercera edad rica de Europa?», preguntó Herrero, quien puso de manifiesto «los enormes problemas de comunicación y de tipo social y económico que plantean los centros para la tercera edad privados».

Pacheco, que destacó que continuamente se presentan proyectos de geriátricos privados, precisó que el Ajuntament de Calvià no tiene intención de construir más residencias que la que hay por el alto coste que supone su mantenimiento, aunque dejaba la puerta abierta a iniciativas del Govern o del Consell. La Comissió d'Urbanisme sí aprobó la recalificación de una zona hotelera en Peguera de 8.000 metros cuadrados para construir entre 80 y 90 viviendas de protección oficial.