C. Ruiz de Galarreta06/03/03 0:00
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La modificación del trazado del tren de Manacor, a su paso por Petra, fue objeto ayer de un nuevo enfrentamiento entre el diputado del Partido Popular Antoni Llamas y el conseller d'Obres Públiques, Francesc Quetglas. El PP insistió en sus acusaciones y formuló cinco preguntas sobre el desvío del tren por fuera del municipio y el «pelotazo urbanístico» del entorno del PSM, cuestiones que obtuvieron la misma respuesta por parte del conseller Quetglas, que la modificación del proyecto respondió a la voluntad del Ajuntament de Petra y que no tiene constancia de la compra de inmuebles en el centro de Petra por parte de vecinos vinculados al PSM.

Llamas denunció las «irregularidades» detectadas en la tramitación del expediente, ya que el proyecto de desvío por fuera del casco urbano contaba con informes desfavorables de la empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y, además, el proyecto no contenía una evaluación de impacto ambiental a pesar de incluir la construcción de una trinchera. El titular d'Obres Públiques negó tales acusaciones: «Es mentira, no hay irregularidades. La Comissió de Medi Ambient determinó que la modificación del proyecto quedaba exonerada del estudio de impacto ambiental. Tampoco se incumple la Ley de Transportes Terrestres al mantener un paso a nivel ya que es provisional».

Antoni Llamas denunció una vez más que el desvío del tren por fuera del pueblo se «debió a la presión política del PSM y de Pere Sampol. A partir de marzo de 2002 algo cambia y se presiona para que el proyecto no afecte a los terrenos comprados por militantes nacionalistas». Llamas reiteró que incluso la junta local de los socialistas de Petra denunciaron la presión de Sampol cuando se disolvió. «Esta presión ha costado al Govern más de 6 millones de euros», dijo. El conseller Quetglas instó al PP a recurrir a los tribunales si tiene pruebas fehacientes. «En cualquier caso, el Govern no tiene nada que ver», subrayó.