El fiscal de delitos ecológicos, Adrián Salazar, solicita una pena
de cinco años de cárcel y el pago de una indemnización de 30.000
euros para un hombre acusado de un delito contra el medio ambiente,
con el agravante de que afectó a un espacio protegido. Los hechos
se remontan al mes de diciembre de 1997 y sucedieron en la finca de
cas Biscaí, en s'Albufera, en el término municipal de sa Pobla.
Según el escrito de acusación, el denunciado vertió escombros de
obra sobre una superficie de 2.025 metros cuadrados, posiblemente
para poder plantar árboles después.
Este terreno es propiedad del acusado, pero está justo en el
borde del parque natural y es un Àrea Natural de Especial Interés
(ANEI) y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El
vertido de escombros provocó que se desecase la zona, por donde
pasa una de las principales acequias que suministra agua al
parque.
Este caso fue denunciado por la guardería forestal después de
que se realizase una inspección en la zona. La causa había sido
instruida inicialmente por un juzgado de lo penal pero ha pasado a
la Audiencia Provincial de Palma, donde el próximo martes se
celebrará el juicio. Este es uno de los presuntos delitos contra el
medio ambiente más graves que se han registrado en Mallorca. Por
ello, el fiscal de delitos ecológicos solicita una pena ejemplar y
una indemnización de 30.000 euros que se corresponde con el coste
de los trabajos para reparar el daño que provocó el vertido de
escombros.
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