El Ajuntament de Pollença tendrá que hacer frente al pago de
cantidades millonarias a los propietarios de los terrenos incluidos
en la zona húmeda de la Gola que hasta 1990 podían construir en sus
fincas, que fueron recalificadas entonces como zona verde privada y
que ahora reclaman que se les expropie o bien que les permitan
construir. También piden que se les expropie o bien que se les
permita construir, los propietarios de las fincas de otras zonas
sensibles como los alrededores del Calvari, entre otras.
Ya existen cuatro sentencias del Tribunal Provincial de
Expropiaciones favorables a los titulares de los terrenos y que
obligan al Ajuntament a expropiar sus fincas por valor de 1.244.437
euros (206 millones de las antiguas pesetas), si bien tres de ellas
han sido recurridas por una u otra parte al no considerar justo el
precio del suelo. El actual alcalde, Joan Cerdà, no descarta que
haya nuevas reclamaciones y de hecho confirma que «otros dos
propietarios ya nos han apremiado para que solucionemos el problema
antes de dos años». Sólo la zona verde privada de la Gola tiene más
de 7.000 metros cuadrados.
Los propietarios de los terrenos basan sus reclamaciones ante el
Tribunal de Expropiaciones en que han transcurrido más de ocho años
desde que el PSOE aprobara el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Pollença que calificaba sus terrenos como zona verde y
que debía desarrollarse antes de 1999 y todavía no han sido
indemnizados por ello.
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