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«Manacor tiene uno de los números de vehículos por cada 1.000 habitantes más elevado de Balears, más que Palma, Inca y la media de Mallorca. En concreto la cifra asciende a 930 vehículos por cada mil habitantes. La posible solución pasa por fomentar más el uso del transporte público». Este es uno de los puntos que incluye la Pre-Diagnosi Ambiental de la Agenda Local 21 de Manacor. Este documento inicial fue presentado anteanoche. Asistieron al acto, en el teatro de la ciudad, un centenar de personas, muchas de ellas integrantes de comisiones de trabajo que tienen que completar próximamente el diagnóstico definitivo de la agenda 21.

El citado documento que se presentó también expone que «año tras año hay un aumento del abandono de vehículos. Desde 1998 a 2002 ha habido un incremento del 195%». Asimismo, se detectan «elevadas denuncias a causa de la ORA. En concreto, un 76% del total de denuncias son de este tipo (24.320)». Por otra parte, hay falta de carriles de bicicleta, existen varios puntos negros viarios, y el servicio de transporte no interior «es insuficiente y de discreta calidad». «Las fuentes de contaminación más importantes son el tráfico y las actividades industriales. Se tendría que controlar el censo de vehículos, ya que estos generan gran cantidad de emisiones, y realizar periódicamente medidas de la calidad atmosférica».

En el apartado de incidencia ambiental de las actividades económicas, se afirma que «hay unas trece antenas de telefonía móvil, que el Ajuntament no les ha concedido licencia de instalación». Paralelamente, un objetivo es «reducir o conseguir una mejora de la gestión de las 29.228 toneladas estimables generadas en Manacor de residuos de la construcción. Causa de esta elevada generación se debe a las 730 empresas dadas de alta en el sector». Por supuesto, se constata la falta del Pla General d'Ordenació Urbana, objeto desde hace años de discusión política. En otro punto se anuncia la creación de una mancomunidad de los municipios de Llevant y algunos de Migjorn. La agenda también advierte del bajo porcentaje (12%) de suelo rústico que goza de alguna figura de protección, y de la presión urbanística que afecta Aneis, como zonas de Cala Antena y Cala Murada y cercanías.