Antoni Muñoz y Carlos Zayas, ayer en rueda de prensa. Foto: SERGE CASES

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N. DOMBLÀS/C. RUIZ DE GALARRETA
El Parlament balear ha decidido aplazar la aprobación de la polémica ley que autoriza la construcción del campo de polo. La ley tenía que ser aprobada en el pleno que celebra la próxima semana la Cámara legislativa, pero la Mesa del Parlament decidió ayer por sorpresa no incluirla en el orden del día de la sesión plenaria. La Mesa del Parlament, órgano que hace la propuesta de orden del día a la Junta de Portavoces, tenía inicialmente previsto incluir este tema en el pleno y así figuraba en el propio orden del día de este organismo. Sin embargo, los representantes del PP propusieron que este asunto quedara fuera del orden del día, ya que buena parte del Govern tenía previsto desplazarse a Londres para asistir a la World Travel Market, que se celebra en esas fechas. La mayoría parlamentaria del PP para conseguir la aprobación de la ley tan sólo quedaría en peligro si faltaran al pleno siete diputados, que es la diferencia que existe entre los 33 diputados del PP y UM y los 26 de la oposición.

Otras fuentes aseguran, sin embargo, que al margen de la visita a la feria turística de Londres, el Govern ha decidido retrasar esta ley a la espera de que se conozca el informe jurídico encargado por la consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, tras conocerse que la promotora ya había recibido una indemnización de 1'08 millones de euros del anterior Govern. En la misma reunión de la Mesa del Parlament los representantes socialistas propusieron que el proyecto de ley fuera remitido al Consell Consultiu para que también emitiera un informe, propuesta que fue rechazada por los representantes del Partido Popular. Precisamente ayer, cuatro entidades conservacionistas -GOB, Associació d'Amics dels Parc Naturals, Societat d'Història Natural de les Balears y Amics de la Terra- reclamaron al Govern la retirada definitiva de la ley que tramita el Parlament y la estricta protección de esta zona donde se prevé la construcción de un campo de polo, así como un gran complejo hotelero, una urbanización residencial, un centro comercial e instalaciones deportivas.

El GOB, que ha alertado a la Comisión Europea del impacto que puede tener el complejo al limitar con áreas que gozan de protección internacional, ha iniciado una campaña a nivel internacional «al afectar a espacios turísticos de primer orden», aseguró Antoni Muñoz, quien agregó que «la política ambiental del Govern es difícilmente justificable y se tiene que saber en el exterior». Las organizaciones ecologistas descartaron las movilizaciones hasta que la ley se apruebe en el Parlament. A partir de entonces, transcurrirán de seis meses a dos años hasta que el proyecto pueda ser una realidad. La promotora deberá presentar el Plan Parcial y el Ajuntament de Campos tendrá que modificar el planeamiento, ya que la zona está clasificada el 70% como zona deportiva y el 30% como residencial.