El alcalde de Lloseta, Bernat Coll (PSOE), tendrá que pagar una
multa de 600 euros semanales durante dos meses si en un plazo de
treinta días hábiles no ordena el cierre y clausura de la planta de
hormigón Son Figuerola SL que funciona de manera clandestina desde
hace más de dos años en el polígono industrial del municipio sin
disponer de los permisos necesarios.
Este no es el primer requerimiento que recibe Bernat Coll del
juzgado. El pasado mes de julio de 2003 una sentencia ya declaró
que existía «inactividad» por parte de la Administración y se
condenó al Ajuntament a cerrar la fábrica de hormigón.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma va
más allá y deja claro que «transcurrido ese plazo sin cumplimiento
efectivo, la multa será revisada al aumento y procederá la
expedición de los oportunos testimonios para depurar
responsabilidades penales en su contra por delito de desobediencia
a la autoridad». Ahora, el secretario del Ajuntament tendrá que dar
cuenta de esta resolución ante el pleno y requerir al alcalde el
cierre de la planta en un plazo de 30 días hábiles.
Ante las presiones, el alcalde acordó día 24 de octubre de 2002
que la empresa demandada tenía cinco días para presentar su
licencia y de no hacerlo se acordaría la paralización cautelar de
la actividad. Hasta día de hoy, según la sentencia, el Ajuntament
no ha procedido al cierre de la industria.
A todo ello, Formigons Son Figuerola presentó un escrito en el
que ponía de manifiesto que su cierre supondría un perjuicio para
los 30 empleados de la fábrica que se quedarían sin trabajo y
señalaba que «la legalización de la industria está pendiente de un
informe técnico de la Comisión de Actividades Clasificadas del
Consell de Mallorca».
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