La población de la ciudad de Inca ha visto superada por primera vez
en su historia la barrera de los 27.000 habitantes, experimentando
así un crecimiento de población del 17% en los últimos seis años.
La importante presencia de inmigrantes, actualmente están censados
3.839 extranjeros, y el crecimiento económico que ha experimentado
el municipio, son según el alcalde de Inca, Pere Rotger, los
principales motivos que han provocado este crecimiento. Desde el
Ajuntament prevén que la ciudad siga creciendo y calculan que a
final de año la población se sitúe en torno a los 28.000
habitantes, de los cuales 4.500 serán inmigrantes. En este sentido,
Rotger ha destacado que el tema de la inmigración es un problema
que afecta a toda Europa y «tiene su parte positiva y
negativa».
«Es positivo porque nos garantiza por un lado, que haya más
afiliaciones a la seguridad social y por tanto garantiza las
pensiones y por otro, que nuestro sector productivo siga teniendo
mano de obra». La precaria situación en la que llegan muchas
familias inmigrantes, sin trabajo y la necesidad de ofrecerles
servicios básicos como sanidad o vivienda «una situación en la que
se encuentran también algunas familias inqueras, sería la cara más
negativa de esta problemática», destaca Rotger. El alcalde ha
destacado el deseo del equipo de gobierno «de que la ciudad crezca
pero de una manera sostenible y así lo hemos plasmado en el Plan
General de Ordenación Urbana donde situamos el techo poblacional en
35.000 habitantes para los próximos 10-15 años, porque no queremos
convertir Inca en una gran urbe, sino en una ciudad equilibrada,
que ofrezca servicios y calidad de vida a los ciudadanos».
La apertura del hospital, las nuevas conexiones por carretera y
la puesta en marcha de un tercer polígono convertirán a la ciudad
de Inca, según Rotger «en una situación estratégica en la Isla y en
un punto de referencia comercial para toda Mallorca». Los grupos
del PP, PSOE, PSM y UM de Inca presentarán en pleno una moción
conjunta en la que instan al Gobierno central a que modifique la
ley de extranjería. Solicitan que «se ponga fin a la discriminación
legal que padecen algunos hijos de inmigrantes a la hora de
incorporarse a un puesto de trabajo». Uno de los problemas
detectados es que hay jóvenes que a pesar de que llevan muchos años
residiendo en Inca, algunos incluso han nacido en la ciudad, y han
completado su educación obligatoria, se encuentran que no pueden
acceder a un empleo por no tener permiso de trabajo. Para trabajar,
primero necesitan una oferta y luego tramitar el permiso. Los
grupos políticos consideran que «estos jóvenes no tienen las mismas
oportunidades de futuro que el resto de compañeros».
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