March, Murray y Zayas registraron ayer las firmas contra la urbanización. Foto: JOAN TORRES

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Los terrenos de Muleta II son propiedad en estos momentos del empresario inmobiliario Mathias Kühn y consta de 33 parcelas de mil metros cuadrados, que cuentan con todos los permisos para construirse. Hace unos años, Kühn puso a la venta estos solares. La urbanización proviene de la época franquista y tiene una serie de derechos adquiridos, aunque según pusieron ayer de manifiesto los representantes del GOB, Miquel Angel March e Ivan Murray, y de Amics de la Terra, Carlos Zayas, la desclasificación no supondría un coste elevado salvo los perjuicios por el gasto en arquitectos y abogados por parte de la promotora.

La zona de Muleta estuvo protegida mientras duraron las moratorias del Consell y del Govern, pero una vez levantadas vuelve a estar expuesta a la amenaza de la construcción. Además, el Plan Territorial de Mallorca prevé estos terrenos como urbanos. «Plantear esta urbanización es incomprensible, supondría masificar y saturar más todavía el Port de Sóller», argumentaron GOB y Amics de la Terra.

Los ecologistas se reunieron con el conseller d'Ordenació del Territori, Bartomeu Vicens, y el director insular d'Urbanismo, Miquel A. Grimalt, quienes se comprometieron a estudiar el tema. En la reunión se planteó la posibilidad de trasladar la edificación a otra zona. Bartomeu Vicens criticó que anteriores gobiernos municipales e insulares no se hubieran planteado la desclasificación de estos terrenos. «Es una urbanización muy antigua y hay que estudiar bien una solución porque ya tienen unos derechos adquiridos», expuso.