El sector vinícola mallorquín ha experimentado una notable expansión en los últimos años.

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Por primera vez en su historia, la Denominació d'Origen (DO) Binissalem ha superado las 500 hectáreas de viña inscritas, culminando un acelerado crecimiento durante los últimos años. La DO fue creada en 1990 con 300 hectáreas y hasta 1998 mantuvo esa extensión más o menos estable, con algunos altibajos, pero fue a partir de ese último año que experimentó una más que notable ampliación. Así, ha pasado de 319'63 hectáreas en 1998 a las 507'84 registradas el pasado junio, un incremento del 58'88%, a la espera de que el Consell Regulador estudie más solicitudes de inscripción que pueden darse de alta este año y en los próximos.

Sin embargo, esta expansión no puede considerarse únicamente en términos positivos. Según apunta el secretario del Consell Regulador, Josep Carretero, «actualmente no existe la demanda de terrenos de hace unos años. El proceso de expansión se ha frenado un poco. Es previsible que la tendencia sea la de desacelerar el ritmo, principalmente porque el consumo asiste a un cierto estancamiento y sería absurdo continuar con ampliaciones. A todo ello se añade la fuerte competencia de nuevas marcas y una mayor demanda de vino joven frente a crianzas y reservas».

Fuera de la propiedad directa de la viña, en la DO Binissalem-Mallorca existen tres modalidades de explotación, explicadas por el secretario general de Unió de Pagesos y vitivinicultor de las Bodegues Jaume de Puntiró, Pere Calafat: «La más habitual es el alquiler o arrendamiento de terrenos. El viticultor paga toda la inversión de la nueva viña, pero el alquiler que paga al propietario es bajo, unos 600 euros anuales por hectárea durante 25 años de contrato. Es el sistema utilizado por las grandes bodegas y cellers». «La segunda modalidad consiste en que el payés viticultor paga toda la inversión de la nueva viña sin pagar alquiler al propietario durante 14 años. Transcurrido ese tiempo, el propietario de la tierra puede hacer lo que quiera: prorrogar o prescindir del alquiler, explotar directamente la viña o lo que considere oportuno». «Finalmente, la tercera modalidad consiste en que el propietario paga la inversión de la nueva viña, incluso el jornal del payés viticultor, hasta que éste pasa a explotar directamente el cultivo pagando un arrendamiento que puede oscilar entre 600 y 900 euros por hectárea y año. A partir de aquí, el payés viticultor se hace cargo de dos tercios de la inversión en mano de obra, maquinaria y combustible, mientras que el propietario asume el tercio restante. El gasto en abonos y fitosanitarios es al revés: dos tercios a cargo del propietario y un tercio lo asume el payés viticultor».