TONI GOMIS03/09/04 0:00
TW
0

La Conselleria de Medi Ambient del Govern balear resolvió de forma definitiva imponer una sanción el 11 de abril del 2002 a la sociedad anónima Solares de Simba, titular de la casa en que veranean el periodista Pedro José Ramírez Codina y su familia, por un importe de 16.903,47 euros (2,8 millones de pesetas). El motivo fue, según consta en la documentación obtenida, «la realización de obras en la zona de servidumbre de protección sin contar con la correspondiente autorización».

Solares de Simba había alegado, entre otros motivos, que el Ajuntament de Son Servera no les había notificado que fuera preciso el permiso del Govern para ejecutar la reforma, aunque el desconocimiento de la legislación vigente no exime de su cumplimiento. Medi Ambient consideró que «ambos permisos son independientes, por lo que no procedía el traslado de una administración a otra». En el mismo sentido, la Conselleria dejó claro en su escrito que para que fuera considerado el atenuante de «la voluntad de regularizar la situación» que prevé la ley Solares de Simba tendría que haber alegado a lo largo del procedimiento, o incluso en la resolución, «pero no en el momento de presentar recurso, como hizo el recurrente».

Esta empresa, cuyo administrador único es en la actualidad el propio Ramírez, pidió al Ajuntament de Son Servera una licencia de obras para emprender la reforma interior del inmueble que está en la avenida del Pinar de la Costa de los Pinos, poco después de adquirirlo . No obstante, Solares de Simba no pidió permiso a Medi Ambient, cuando este requisito es indispensable para ejecutar cualquier trabajo en el área de protección. Por este motivo, la Conselleria redactó un boletín de denuncia el 5 de noviembre del 1999 y acordó el inicio de un proceso sancionador con fecha del 2 de enero del 2001.

Onofre Rullan, que entonces ocupaba el cargo de director general de Litoral, adoptó una resolución el 27 de julio de aquel mismo año contra la promotora de las obras y le impuso la sanción mencionada. La sociedad que controla Pedro J. recurrió esta resolución, pero los servicios jurídicos de la institución desestimaron todas las alegaciones que Jaime Tomás Verdera Alba había presentado en representación de los propietarios del inmueble. La decisión fue ratificada por la entonces consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló.