Los encuestados coinciden en señalar que la piscina ha de ser de
uso público, pero también hay quien aboga por su demolición.
Las preguntas formuladas a los representantes políticos fueron
las siguientes:
1) ¿Cual es su opinión acerca de la concesión que otorgó el ex
ministro de Medio Ambiente Jaume Matas en 2001?
2) Esta concesión dice que el dominio público afectado debe ser
de uso «general, público y gratuito». ¿Encuentra usted alguna razón
para que esto no deba de ser así?
3) Con la ley en la mano, ¿acepta usted que alguna construcción
particular pueda impedir el paso en una zona de dominio
público?
4) ¿Qué haría usted con esta instalación? ¿Por qué?
José María Rodríguez,
secretario general del Partido Popular de Balears.
1) Si se ajusta a la ley está bien otorgada.
2) No, ha de ser así.
3) Creo que el dominio público debe ser de dominio público.
4) Haría el uso por el cual fue concedida.
Mercè Amer,
miembro de la Ejecutiva del PSIB-PSOE.
1) A los socialistas nos preocupa la degradación del litoral
balear, y consideramos muy importante la aplicación de la Ley de
Costas de 1988.
2) Desde el PSIB-PSOE consideramos que es necesario estudiar y
en su caso revisar todas las concesiones, no sólo una en concreto,
para que se cumpla el espíritu de la ley: la mejora del litoral
para todos los ciudadanos.
3) Con carácter general, no. Pero no únicamente por lo que se
refieren al litoral, sino también para aquellos casos de caminos
públicos cerrados por particulares. Estos accesos abiertos
constituyen una manera de favorecer el turismo de calidad y
compatibilizarlo con el de sol y playa.
4) El cumplimiento estricto de la ley en todos los casos.
Pere Sampol,
portavoz del PSM.
1) La concesión estaba condicionada a unas prescripciones que en la
práctica eran de imposible cumplimiento. El informe jurídico, de
acuerdo con la normativa, establece claramente que la piscina ha de
ser de uso general, público y gratuito. Es evidente que la piscina
de una vivienda particular no tiene la vocación ni las condiciones
para cumplir con este requisito. El ministro era plenamente
consciente de que estas prescripciones no se podían cumplir.
2) No.
3) No, bajo ningún concepto se puede limitar el acceso al litoral.
De ninguna manera un particular puede ocupar una zona de dominio
público convirtiéndola en privada e impedir el acceso a los
ciudadanos, que son los legítimos propietarios.
4) Se ha de restituir la legalidad. No hay otra alternativa que
cubrir la parte que invade la zona de dominio público para permitir
el libre acceso a todos los ciudadanos.
Damià Nicolau,
secretario general de Unió Mallorquina.
1) Si las competencias de ordenación del territorio fuese de las
autonomías, y en nuestro caso del Consell de Mallorca, esta
situación no se habría planteado, ya que la protección del litoral
estaría garantizada.
2) No, ninguna.
3) Evidentemente, no. La ley establece claramente que la franja
litoral es de dominio público. Y queda claro, supongo que para todo
el mundo, que la ley ha de ser respetada.
4) Esta instalación, como cualquier otra, se debe ajustar a los
preceptos legales. No hay otra alternativa. La ley es igual para
todo el mundo, sin excepciones.
Miquel Rosselló,
coordinador general de EUIB
1) Este es un ejemplo más de la gran degradación que sufren
nuestras costas y de las numerosas construcciones que proliferan y
devalúan de manera importante el paisaje insular. La ley de costas
supuso una mejora en la protección de estas zonas con respecto a la
situación anterior, pero por desgracia su nivel de aplicación es
mínimo.
2) Estas instalaciones ya hace años que fueron construidas, y
desde entonces se encuentran en una situación irregular que el
Ministerio de Medio Ambiente, cuando su titular era el señor Matas,
resolvió en favor del particular. Esta resolución contraviene el
informe previo que había hecho Demarcación de Costas, que
establecía que la piscina no podía continuar en zona de dominio
público, y recomendaba su reconversión en terraza. También la
Conselleria de Medi Ambient informó reafirmando este mismo
argumento. Por consiguiente, nos parece del todo irregular que el
Ministerio de Medio Ambiente autorice el mantenimiento de esta
instalación.
3) Para nuestra organización, es absolutamente prioritario el
mantenimiento de las costas baleares y por esto consideramos
imprescindible el cumplimiento estricto de la Ley de Costas,
eliminando las barreras que impiden el acceso o que puedan impedir
el paso en las zonas de dominio público. Todos los ciudadanos y
ciudadanas, tanto residentes como visitantes de esta isla, han de
poder disfrutar de las zonas de dominio público sin
limitaciones.
4) Este caso puntual debería de servir para que todas las
administraciones implicadas den los pasos necesarios para asegurar
los derechos ciudadanos.
Joan Lladó,
presidente de Esquerra Republicana de Catalunya a les Illes
Balears
1) La concesión establece que el uso es público, y por lo tanto
no se puede limitar el derecho de paso.
2) No.
3) No. La ley tiene que aplicarse a todo el mundo por igual, y
también a los poderosos. No puede haber intocables.
3) Derribarla.
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