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T.G.
Ultima Hora ha requerido la opinión de los partidos políticos con representación parlamentaria en Balears y a Esquerra Republicana de Catalunya, cuyos diputados en el Congreso de los Diputados se han interesado por el tema, acerca de la situación en la cual se encuentra la piscina que utiliza la familia del periodista Pedro J. Ramírez. A tal efecto, este periódico remitió a los secretarios generales de estas formaciones el informe de la Demarcación de Costas que recomendaba la demolición de la piscina y la posterior concesión del Ministerio de Medio Ambiente que la legalizaba, para que pudieran contestar con el mayor conocimiento de causa. Como se sabe, la instalación se mantuvo, siendo declarada de «uso general, público y gratuito».

Los encuestados coinciden en señalar que la piscina ha de ser de uso público, pero también hay quien aboga por su demolición.

Las preguntas formuladas a los representantes políticos fueron las siguientes:

1) ¿Cual es su opinión acerca de la concesión que otorgó el ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas en 2001?

2) Esta concesión dice que el dominio público afectado debe ser de uso «general, público y gratuito». ¿Encuentra usted alguna razón para que esto no deba de ser así?

3) Con la ley en la mano, ¿acepta usted que alguna construcción particular pueda impedir el paso en una zona de dominio público?

4) ¿Qué haría usted con esta instalación? ¿Por qué?

José María Rodríguez,
secretario general del Partido Popular de Balears.

1) Si se ajusta a la ley está bien otorgada.

2) No, ha de ser así.
3) Creo que el dominio público debe ser de dominio público.

4) Haría el uso por el cual fue concedida.

Mercè Amer,
miembro de la Ejecutiva del PSIB-PSOE.
1) A los socialistas nos preocupa la degradación del litoral balear, y consideramos muy importante la aplicación de la Ley de Costas de 1988.

2) Desde el PSIB-PSOE consideramos que es necesario estudiar y en su caso revisar todas las concesiones, no sólo una en concreto, para que se cumpla el espíritu de la ley: la mejora del litoral para todos los ciudadanos.

3) Con carácter general, no. Pero no únicamente por lo que se refieren al litoral, sino también para aquellos casos de caminos públicos cerrados por particulares. Estos accesos abiertos constituyen una manera de favorecer el turismo de calidad y compatibilizarlo con el de sol y playa.

4) El cumplimiento estricto de la ley en todos los casos.

Pere Sampol,
portavoz del PSM.
1) La concesión estaba condicionada a unas prescripciones que en la práctica eran de imposible cumplimiento. El informe jurídico, de acuerdo con la normativa, establece claramente que la piscina ha de ser de uso general, público y gratuito. Es evidente que la piscina de una vivienda particular no tiene la vocación ni las condiciones para cumplir con este requisito. El ministro era plenamente consciente de que estas prescripciones no se podían cumplir.

2) No.
3) No, bajo ningún concepto se puede limitar el acceso al litoral. De ninguna manera un particular puede ocupar una zona de dominio público convirtiéndola en privada e impedir el acceso a los ciudadanos, que son los legítimos propietarios.

4) Se ha de restituir la legalidad. No hay otra alternativa que cubrir la parte que invade la zona de dominio público para permitir el libre acceso a todos los ciudadanos.

Damià Nicolau,
secretario general de Unió Mallorquina.
1) Si las competencias de ordenación del territorio fuese de las autonomías, y en nuestro caso del Consell de Mallorca, esta situación no se habría planteado, ya que la protección del litoral estaría garantizada.

2) No, ninguna.
3) Evidentemente, no. La ley establece claramente que la franja litoral es de dominio público. Y queda claro, supongo que para todo el mundo, que la ley ha de ser respetada.

4) Esta instalación, como cualquier otra, se debe ajustar a los preceptos legales. No hay otra alternativa. La ley es igual para todo el mundo, sin excepciones.

Miquel Rosselló,
coordinador general de EUIB
1) Este es un ejemplo más de la gran degradación que sufren nuestras costas y de las numerosas construcciones que proliferan y devalúan de manera importante el paisaje insular. La ley de costas supuso una mejora en la protección de estas zonas con respecto a la situación anterior, pero por desgracia su nivel de aplicación es mínimo.

2) Estas instalaciones ya hace años que fueron construidas, y desde entonces se encuentran en una situación irregular que el Ministerio de Medio Ambiente, cuando su titular era el señor Matas, resolvió en favor del particular. Esta resolución contraviene el informe previo que había hecho Demarcación de Costas, que establecía que la piscina no podía continuar en zona de dominio público, y recomendaba su reconversión en terraza. También la Conselleria de Medi Ambient informó reafirmando este mismo argumento. Por consiguiente, nos parece del todo irregular que el Ministerio de Medio Ambiente autorice el mantenimiento de esta instalación.

3) Para nuestra organización, es absolutamente prioritario el mantenimiento de las costas baleares y por esto consideramos imprescindible el cumplimiento estricto de la Ley de Costas, eliminando las barreras que impiden el acceso o que puedan impedir el paso en las zonas de dominio público. Todos los ciudadanos y ciudadanas, tanto residentes como visitantes de esta isla, han de poder disfrutar de las zonas de dominio público sin limitaciones.

4) Este caso puntual debería de servir para que todas las administraciones implicadas den los pasos necesarios para asegurar los derechos ciudadanos.

Joan Lladó,
presidente de Esquerra Republicana de Catalunya a les Illes Balears

1) La concesión establece que el uso es público, y por lo tanto no se puede limitar el derecho de paso.

2) No.
3) No. La ley tiene que aplicarse a todo el mundo por igual, y también a los poderosos. No puede haber intocables.

3) Derribarla.