Numerosos polígonos urbanos de Santa Ponça, cuyo Plan Parcial fue
aprobado definitivamente en septiembre de 1975, y que afectan a las
urbanizaciones Nova Santa Ponça y Santa Ponça Golf, propiedad de la
urbanizadora Habitat Golf Santa Ponça SL, llevan años sin
conservación ni mantenimiento. La promotora y el Ajuntament de
Calvià negocian desde 1991 la recepción de la urbanización sin que
se haya llegado a un entendimiento sobre el coste de las
deficiencias que debe asumir la urbanizadora antes de que el
Consistorio se haga cargo de la misma.
Esta valoración no es aceptada por la urbanizadora Habitat Golf
Santa Ponça (antes IMISA), propiedad de la familia Nigorra, que
paralelamente a las negociaciones recepcionar la urbanización
mantiene contra el Ajuntament una larga lista de litigios y
contenciosos administrativos.
Un informe de un gabinete externo (Gema Gestión y Estudios de
Medio Ambiente SA) encargado por el Ajuntament y asumido por los
propios técnicos municipales, sobre la falta de adecuación de los
servicios respecto a lo previsto en el Plan Parcial y su Proyecto
de Urbanización, valora en unos cinco millones de euros el coste
total para subsanar todas las deficiencias.
El Ajuntament, ante el «deficiente estado de las instalaciones
de alumbrado público, con el consiguiente perjuicio que ello
pudiera comportar a los vecinos de la urbanización Nova Santa
Ponça», procedió a hacerse cargo en 2001, por su cuenta y
unilateralmente, mediante decreto, de la red de alumbrado.
Esta medida municipal fue argumentada ante la «pasividad del
urbanizador tanto en lo que se refiere a la subsanación de las
deficiencias en la ejecución de las obras como en la inactividad
del promotor en cuanto a la propia prestación del servicio de
alumbrado público a los vecinos de la urbanización». La subsanación
de las deficiencias sólo en el alumbrado, obra ejecutada por la
empresa EMTE, ha costado a las arcas municipales más de un millón
cien mil euros, además de otras intervenciones urgentes que
tuvieron que asumir los servicios municipales con anterioridad.
Desde entonces el Ajuntament se encarga de este servicio pero el
mantenimiento del pavimento, aceras, bordillos y jardinería, no se
hace porque la urbanización no esta recepcionada y la promotora
alega que debe hacerlo el Ajuntament al estar más de la mitad de
las parcelas de la urbanización construidas. En efecto, en el
acuerdo de aprobación del Plan Parcial de 1975 se dispone que «la
totalidad de los gastos de prestación del mantenimiento de
servicios y obras correrá a cargo del promotor hasta que la
edificación alcance más del 50%». Esta circunstancia ha sido
reconocida desde 2000 por el Ajuntament, que quiere recepcionar las
urbanizaciones pero sin deficiencias y Habitat Golf Santa Ponça no
quiere pagarlas. Mientras tanto se multiplican las denuncias de
vecinos.
El consejero delegado de Habitat Golf Santa Ponça SL, Juan
Nigorra, ha manifestado que el Ajuntament ha ingresado en las arcas
municipales más de setenta y dos millones de euros (doce mil
millones de las antiguas pesetas) en concepto de contribuciones,
plusvalías y licencias de obras, en el ámbito de la urbanización de
Santa Ponça y entiende que debe recepcionarla sin que su promotora
deba pagar nada.
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