B. PICORNELL16/01/05 0:00
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De ocho querellas presentadas a instancia o con participación del PP contra el ex alcaldesa de Calvià, Margarita Nàjera, tres han sido archivadas en firme, una ha sido archivada y pendiente de recurso, y el fiscal ha pedido el archivo de dos más. Las dos restantes están en diligencias previas desde febrero y octubre de 2002. Es difícil determinar si la campaña que emprendió Carlos Delgado antes de las elecciones de 2003, le ayudó mucho o poco a alcanzar la Alcaldía. Resulta, en cambio, indiscutible que Nájera ha pagado un elevado precio personal y político por las querellas. Tuvo que renunciar a la aspiración de ir de candidata en las elecciones generales y, después de éstas, se justificó que no fuera nombrada para un alto cargo por su situación judicial. Las sucesivas decisiones de la Justicia le han sido favorables y desde el PSIB-PSOE de Calvià se anuncia que Carlos Delgado habrá de «pagar un precio político y legal». En el conocido como a «caso SYP», Carlos Delgado presentó una querella por soborno, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios para concesión legal de licencia de obras. Se encuentra en diligencias previas sin que haya ni imputación ni acusación. El 17 de diciembre de 2004, el fiscal pidió el archivo.

La Fiscalía también ha pedido el cierre del «caso Western Park», con la curiosidad de que el actual equipo de gobierno que preside Delgado continúa autorizando la instalación objeto de la querella. Un presunto delito electoral cometido por la ex alcaldesa fue devuelto por el fiscal para que especificara y tipificara los presuntos delitos. Fue sobreseido y archivado a finales de 2003. En representación del Ajuntament de Calvià, Carlos Delgado denunció a su antecesora por «malversación de fondos con las facturas del Consistorio». El PP rechazó en pleno que el Tribunal de Cuentas realizara una auditoría. El acto de archivo, a principios de diciembre, ya es firme. Un camino similar han seguido la querella archivada (18/07/03) por los solares de Son Caliu y la de HTP, sobreseida a principios del año pasado y pendiente de la resolución de la apelación de las partes querellantes.

Estrategia Local está en diligencias previas desde el 8 de agosto de 2002 y el contrato del recaudador, prorrogado por Carlos Delgado una vez alcalde, está en la misma situación desde el 8 de octubre de 2002. En ambos casos, el PP solicita pruebas contínuamente y eso es considerado por los socialistas de Calvià como una «técnica dilatoria». El balance del PSIB-PSOE es clara: «Tenemos un alcalde que fabricó denuncias falsas contra su adversario político para ocupar el poder y ahora que eso se empieza demostrar lo habría de pagar». El portavoz socialista, Antoni Manchado, ha afirmado: «Siempre que la justicia se ha pronunciado ha sido para decir a Delgado que no tenía la razón, que no había indicios de delito en ninguna de las actuaciones denunciadas». El dirigente socialista añade: «El menosprecio temerario de la verdad que ha demostrado el señor Delgado, al abusar descaradamente de nuestro sistema judicial en uno 'todo vale' para ocupar el poder, no tiene que quedar impune ni políticamente ni legalmente». El PSIB-PSOE remarca que las denuncias fueron «inventadas y fabricadas por Carlos Delgado con el apoyo económico de algún poderoso terrateniente de Calvià».