P. Candia09/03/05 0:00
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El empresario inmobiliario Juan Barrachina, que en febrero de 2002, instó una querella criminal contra la entonces alcaldesa de Calvià, Margarita Nájera, y un funcionario municipal por los presuntos delitos de prevaricación, amenazas y coacciones, ordenó a su abogado Carlos Rey que retire las acusaciones. «Mi cliente ha dejado de se parte en esta causa», declaró Rey a Ultima Hora. El «caso HTP Instal Nova Santa Ponça» se encontraba en fase de recurso en la Audiencia de Palma, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Florit, hubiese dictado un auto de archivo al no encontrar indicios de la comisión de delito alguno por parte de Margarita Nájera.

Barrachina, el Ministerio Fiscal y el actual alcalde de Calvià, Carlos Delgado, presentaron sendos recursos ante la Audiencia de Palma contra la decisión del juez. Ahora, y de forma «sorprendente», según las fuentes consultadas por este diario, Barrachina ha optado por dejar sin efecto su personación en el recurso. ¿Qué motivos le han aconsejado apartarse de la causa? «El tribunal conoce nuestros argumentos porque están reflejados en el pertinente escrito de renuncia, y yo no los haré públicos por respeto a los magistrados, que siguen instruyendo la causa», dijo el letrado.

La querella arranca de las diferencias mantenidas entre HPT Instal y el Ajuntament de Calvià, que supuestamente sometió a unas condiciones anormales el derecho a edificar una promoción de viviendas de lujo en la primera línea de Nova Santa Ponça, sobre un solar en el que se habían acumulado los derechos edificatorios de otros dos solares adjuntos, pero que finalmente no fueron comprados por la sociedad que obtuvo el permiso de construcción. La licencia otorgada en 1991 a la sociedad Jubisa, pasó luego a las firmas Cotusa, Las Terrazas de Mallorca SL y HPT Instal, todas ellas relacionadas con Juan Barrachina. Nájera está acusada en esta causa de la posible comisión de los delitos de prevaricación y estafa con abuso de cargo.