Antonio Serrano, en la Comisión de Medio Ambiente.Foto:O.Q.

Antonio Serrano, en la Comisión de Medio Ambiente.Foto:O.Q.

10/03/05 0:00
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OLGA QUINTANILLA
El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, se mostró ayer partidario de que los terrenos en los que se ubica la polémica piscina en la finca propiedad del periodista Pedro J. Ramírez, en el término municipal de Son Servera, reviertan lo antes posible al dominio público marítimo-terrestre. «Espero que esta situación se solucione lo antes posible y no dé lugar a modificaciones de cualquier tipo para que los ciudadanos de las Islas Baleares puedan disfrutar del litoral como antes», declaró Serrano en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados ante la pregunta del diputado de ERC Joan Puig con relación a «las actuaciones que llevaría a cabo el Gobierno si hubiera una piscina en la franja marítimo-terrestre cuyos propietarios realizasen un uso inadecuado de la concesión, al no permitir el paso en un espacio de dominio público».

El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, que en ningún momento mencionó al propietario de la finca y que se refirió al mismo en calidad de concesionario, explicó que los terrenos situados en la Costa de los Pinos figuran dentro del Programa de Accesibilidad y Uso Público de la Costa, que se puso en marcha en septiembre de 2004, bajo el objetivo de «recuperar el uso público y reforzar la accesibilidad a las costas». En un tono moderado, Serrano comentó que la denuncia que se presentó en el Ministerio de Medio Ambiente se está tramitando «al igual que otros expedientes por el procedimiento establecido».

Esta denuncia corresponde a una concesión administrativa otorgada en 2001 para «el uso público de una piscina a la cual se prohíbe el acceso por razones de seguridad», dijo este responsable, quien detalló que el concesionario actuó en consecuencia presentando dos tipos de alegaciones. «Por una parte, las alegaciones que aluden a la seguridad fueron remitidas a la Delegación del Gobierno para conocer si hubo instrucciones en este sentido y que todavía estamos esperando, mientras que el resto se basan en razones de interpretación de la normativa vigente que han sido enviadas a la Abogacía General de Estado del Ministerio de Justicia», dijo Serrano.