Narbona dice que la piscina de Pedro J. es «un caso único» y culpa a Matas

La ministra explicó que la piscina «es de uso público», aunque hasta la fecha el periodista madrileño ha hecho uso exclusivo de la misma.

Según la ministra socialista, para que esta instalación «se pueda utilizar y no suponga un peligro para los ciudadanos necesita unas condiciones que, sin duda, a estas alturas no posee». No obstante, Narbona especificó que el caso Ramírez «es único», porque «no existe en el dominio público ni una sola piscina -excepto la mencionada- a la cual se le haya otorgado una concesión de uso público».

Jaume Matas, durante su etapa como máximo responsable de Medio ambiente, otorgó a Giuliana Arioli, viuda del académico Joaquín Calvo Sotelo, una concesión para el «uso público» de la piscina, pese a que ésta, igual que la casa de la Costa de los Pinos, ya no era de su propiedad.

El director de «El Mundo» adquirió la vivienda y una opción sobre el derecho de uso de los terrenos anexos en 2000, con unas cláusulas que disponían mayor cantidad de dinero a pagar si se conseguía legalizar la piscina.

Así, y a pesar del hecho que la Ley de Costas prohíbe de forma expresa la transmisión «inter-vivos» de una concesión administrativa en el dominio público, Matas firmó en 2001 la orden ministerial que autorizaba la ocupación de los 350 metros cuadrados de suelo público al periodista. Este documento, aun tratándose de una concesión sobre el dominio público, nunca se llegó a ver publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Tres meses
Sobre el plazo de tres meses concedido al periodista para que presente el proyecto de adaptación de la piscina para el uso público, la ministra declaró que «no hemos aplicado ninguna excepcionalidad. Hemos mantenido simplemente el uso público y nos hemos enfrentado a la situación heredada guardando escrupuloso respeto a la Ley de Costas, a la concesión existente y a las personas que puedan beneficiarse del acceso a la mencionada piscina».

Ramírez ha alegado en su defensa que las costas están llenas de instalaciones ilegales en terreno público, pero de las palabras de Narbona se desprende que este caso es excepcional, ya que no existe ninguna otra concesión similar sobre el dominio público.

Recursos de Sastre y Ramírez

Jaume Sastre presentará un recurso contra la resolución ministerial que suspende el uso público de la piscina durante los próximos tres meses y archiva la denuncia por impedir el paso. Ramírez, por su parte, recurrirá el sobreseimiento de la causa que instó contra Sastre por los presuntos delitos de coacciones y amenazas, según anunció su diario. La radio del grupo Prisa puso especial relieve, asimismo, en recordar que no sólo los escoltas de Ramírez impidieron el verano pasado el libre acceso a las instalaciones, sino que incluso las Fuerzas de Seguridad del Estado lo hicieron cuando el miembros del Lobby per la Independència trataron de entrar en el recinto público ocupado por la familia Ramírez. La Ser recordó que Pedro J. ha utilizado su condición de amenazado por ETA para impedir el paso en el dominio público, y que se ha escudado en «altas instancias del Estado» para justificar el incumplimiento de la ley de Costas. Los contertulios del programa «Hora 25» se mofaron de la situación originada a raíz de la exhibición de la compañera sentimental de Ramírez en las revistas de moda y decoración frente a la piscina.