El Consell de Mallorca ha heredado una condena judicial contra el
Govern por el retraso de las obras del túnel de Sóller que no eran
imputables a la empresa concesionaria sino a decisiones tomadas por
la Administración autonómica. El Tribunal Superior de Justicia de
Balears ha condenado al Consell de Mallorca a abonar unos 4,2
millones de euros (700 millones de pesetas) a la concesionaria del
túnel de Sóller por ser en la actualidad la administración que
tiene las competencias en materia de carreteras.
Sin embargo, la reclamación de la concesionaria iba dirigida al
Govern por adoptar algunas decisiones que provocaron un retraso en
la apertura del túnel y un sobrecoste económico. El Tribunal
Superior de Justicia condena al Consell a abonar 2,9 millones de
euros, incrementado en un 1,5 puntos, además de los gastos
financieros producidos por el retraso en la puesta en servicio del
túnel y el lucro cesante derivado de la pérdida de explotación por
el plazo de diez meses. El Consell ha calculado que deberá abonar
unos 4,2 millones de euros a la concesionaria.
La empresa que explota la concesión del túnel presentó un
recurso en diciembre de 1998 para reclamar una indemnización por el
sobrecoste que había supuesto el retraso de la apertura de la obra
por decisiones adoptadas por la administración competente, que en
aquel momento era el Govern. Las obras debían concluir en diciembre
de 1990, pero no pudo circularse por el túnel hasta febrero de
1997.
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