En este sentido, Puig exigió al Gobierno central que «salga en
defensa de la ciudadanía y garantice el derecho de paso», al tiempo
que reclamó que «apoye a los que fuimos allí a reclamar nuestro
derecho y fuimos agredidos por un grupo de energúmenos (en
referencia al servicio de seguridad del periodista)».
«Narbona tiene que dejar de confundir las cosas y tiene que
hacer valer los derechos de los ciudadanos por encima de los de un
individuo que, por lo visto, tiene mucho poder. Todavía estamos
pendientes de la respuesta a la batería de preguntas que hicimos
sobre el asunto, y pronto se agotará el plazo que tienen para
respondernos. ¿Por qué este trato de favor a Pedro J.?», apostilló
Puig.
Llamazares
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, opinó
también sobre los incidentes en la Costa dels Pins y pidió que «los
hechos sirvan para analizar y reflexionar sobre el uso de los
terrenos del dominio público marítimo-terrestre por parte de
particulares».
Llamazares consideró que las fuerzas políticas y organizaciones
ecologistas que rechazan la utilización privada de un terreno que,
además, «es importante desde el punto de vista ambiental, no
tendrían que verse obligados a hacer cosas como las del sábado,
sino que tendrían que promoverse medidas legales para impedir que
sea necesario denunciarlas con movilizaciones que, en todo caso, me
parecen legítimas».
El presidente del Govern balear, Jaume Matas, condenó
«rotundamente el asalto que un grupo de dirigentes políticos
realizó el sábado a la finca que tiene Pedro J. Ramírez», actitudes
e iniciativas que «atentan contra la legalidad y el respeto de las
personas que escogen Balears para pasar sus vacaciones».
En declaraciones a la agencia Europa Press, Jaume Matas cargó
contra el diputado de ERC Joan Puig «por ser el principal promotor»
de un «asalto a una propiedad aprobada por el Gobierno de
Zapatero».
«Es indigno que un cargo electo, un diputado de España por otra
comunidad autónoma, venga desde fuera, tenga esta conducta
provocadora y sea la cabeza visible de este acto y de
enfrentamientos», denunció.
Matas consideró que las Fuerzas de Seguridad del Estado tendrían
que haber garantizado «que no se produjera el asalto» y lamentó que
«Balears haya sido noticia por este suceso».
Sobre la situación legal de la piscina, Matas cargó con dureza
contra el Gobierno socialista: «Lo que tiene que destacarse de lo
sucedido es que el Gobierno de Zapatero es el que ha dado a esta
piscina la categoría de uso privativo que hasta ahora nunca había
tenido y, ahora, tendría que haber cumplido aquello dictado y
preservar las instalaciones de este asalto», subrayó al ex ministro
que firmó el orden que en 2001 restituía la instalación a un
particular para un uso «general, público y gratuito» que nunca se
ha cumplido.
Antich
Francesc Antich, secretario general del PSIB-PSOE y diputado en el
Congreso, aseguró a este diario que no se explica «cómo el señor
Matas se atreve a hacer este tipo de declaraciones. El señor Matas
no es el más indicado para hablar, porque fue él quien creó el
problema. El Ministerio ha dado un plazo de tres meses a Pedro J.
Ramírez para que presente un proyecto y se resuelva esta situación
ilógica. Hasta entonces éste será un tema conflictivo, que el
Gobierno resolverá poniendo por delante los intereses generales de
los ciudadanos y ciudadanas».
La diputada autonómica del PSM Maria Antònia Vadell acusó ayer a
los guardias de seguridad que vigilaban la piscina de agredir y
provocar lesiones a los que reclamaron el derecho de paso. La
dirigente nacionalista consideró «vergonzoso» el trato dado por los
guardias jurados a los «jóvenes» que acudieron a aquel lugar.
Vadell recordó que la ley fija el derecho de paso para una
franja mínima de seis metros con el mar y aseguró que el recinto de
la piscina de Ramírez «no respeta» esta condición.
Para Vadell, después de ofrecer estas explicaciones, y mientras
«un guardia civil de paisano hacía fotografías de todo», siete u
ocho personas subieron por las rocas hasta el muro del recinto de
la piscina y consiguieron entrar a pesar de la oposición violenta
de los guardias de seguridad contratados por el editor de El Mundo,
Pedro J. Ramírez.
La diputada insistió en que las personas que accedieron al
recinto donde se encuentra la piscina «ejercieron simplemente el
derecho de paso» y consideró que sería «lamentable» que se
sancionara a todas estas personas solamente por defender «el
interés público en lugar del de un particular».
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