Seis meses sin aclarar el presunto fraude en la recogida de basuras

En todo este tiempo, desde el equipo de gobierno no se ha realizado ninguna averiguación de los hechos, limitándose a votar a favor , y a petición de la oposición, de la creación de una comisión de investigación municipal, en la que ha mostrado después evidentes muestras de desinterés, y a la que incluso ha criticado, pese a formar parte de ella el propio grupo del PP y proponer su composición y funcionamiento. Está previsto que durante este mes de septiembre la comisión realice sus conclusiones.

Las sospechas de los nacionalistas, que cuentan en la investigación con el apoyo del resto de la oposición (PSOE, UM e Independents d'Inca), apuntan a que la empresa recogía basura en los municipios de Felanitx y Porreres antes de realizar el servicio en Inca, y después todo este volumen de residuos se cobraba a Inca cuando era pesado en los centros de tratamiento de Tirme en Binissalem y Son Reus. La empresa actuaría así porque, mientras que por el servicio que realiza en los municipios de la Mancomunitat des Pla cobra una cantidad fija anual, en Inca lo hace en función de las toneladas recogidas.

Pruebas y declaraciones
Después de meses de trabajo, la comisión municipal ha reunido declaraciones e informes que corroboran esta hipótesis, como la declaración ante la comisión de un ex-chófer de la empresa, apoyada por otros miembros del personal, que confirmó que efectivamente recogía basura en otros municipios que era cargada y cobrada a Inca. Además, la comisión hizo público que la Policía Local haría un seguimiento a los camiones de recogida de la empresa durante quince días. Las cantidades presentadas por la empresa durante este tiempo fueron muy inferiores a las que presentaba sin vigilancia, y eso pese a que, con la autorización del teniente de alcalde y regidor de Servicios Joan Rubert, la empresa tuvo dos días más para aumentar esas cantidades con objetos voluminosos recogidos en rústico, servicio para la que no está contratada.

La comisión también contó, tras su incomparecencia en la primera cita, con la declaración del gerente de la empresa, Ignacio García-Moya, que negó las acusaciones, contra las que anunció acciones judiciales que todavía no se han hecho públicas, y pidió a la comisión la existencia de pruebas reales sobre el presunto fraude. Sí reconoció otras irregularidades como la recogida de escombros y objetos voluminosos como si se tratase de basura, que eran pesados y cobrados pese a no figurar en el contrato por el servicio con el Ajuntament d'Inca

También declaró el teniente de alcalde y regidor de Servicios, Joan Rubert, muy criticado en la comisión por su aparente falta de interés, que aseguró que su área no había detectado irregularidades, aunque reconoció que desde hacía meses había pagos pendientes a la empresa porque las cantidades que manejaba el Ajuntament «no coincidían» con las que presentaban la empresa y Tirme.

Durante la investigación, el equipo de gobierno ha sacado a concurso una nueva adjudicación del servicio por un periodo de ocho años. En el pleno municipal de finales de julio, la presidenta de la comisión y portavoz del PSM, Xisca Vives, pidió al alcalde Pere Rotger que, ante la gravedad de las pruebas, «escuche las grabaciones de la comisión y actúe en consecuencia». El alcalde se disculpó: «Con su permiso, me voy a ir de vacaciones», dijo, entre las risas de todo su equipo de gobierno.