Un total de 327 empresarios y comerciantes de la pequeña y mediana
empresa del término municipal de Capdepera, han denunciado ante el
fiscal general del Estado y el Ministerio de Administraciones
Públicas, la oferta del «todo incluido» al considerar que se trata
de un «monopolio ilegal y usurpador que les lleva a la ruina total,
consentido y silenciado por las autoridades de la Comunitat
Autònoma de Balears».
La iniciativa de poner el tema en manos de la justicia parte de
un empresario de Cala Rajada, Salvador Escrivà, que decidió iniciar
una recogida de firmas entre los empresarios de la localidad para
encontrar una solución a este sistema que, considera, «nos ha
arruinado la temporada turística de este año» y que «perjudica los
intereses económicos, sociales y laborales de aquellos sectores
comerciales que dependen del turismo».
Escrivà explicó que «no vamos contra los hoteleros sino contra
los touroperadores que son los responsables del sistema».
La denuncia se hizo efectiva el pasado 23 de agosto. También se
presentó la queja ante el Defensor del Pueblo del que se ha
obtenido respuesta. Así se ha iniciado una investigación en este
sentido.
Los afectados piden al fiscal que «sea investigada esta
situación a nivel jurídico y fiscal ante la ley» y al Ministerio,
«una rápida intervención en base al amparo del artículo 40 de la
Constitución».
Escrivà expuso que «no me corresponde a mí iniciar esta defensa
sino a las autoridades competentes, pero me he visto obligado ante
un silencio total de las administraciones. He encontrado el apoyo
de la gente y esperamos a que nos den solución».
La asociación de restauradores ha dado su apoyo a esta actuación
judicial por los «efectos negativos del 'todo incluido' ante el
fuerte crecimiento, sobre todo, en esta temporada turística».
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