Miembros de la asociación de vecinos de s'Estanyol, en el muelle público afectado. Foto: LL.P.

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LLUÍS PLANAS
El Govern de les Illes Balears aplazó durante tres meses la entrada en vigor de los artículos de la nueva Ley de Puertos correspondientes, entre otros, a la ampliación sustancial de puertos ya existentes. De esta forma se ha dado tiempo durante este plazo a la presentación del proyecto de ampliación del puerto deportivo de s'Estanyol, un proyecto idéntico por otra parte al que ya había sido tramitado en 1993 y rechazado a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Baleares por sus incumplimientos en materia ambiental.

La nueva Ley de Puertos entró en vigor el pasado 3 de julio, un día después de su publicación en el BOIB, aunque el Gobierno introdujo en el texto una disposición final según la cual los capítulos que hacían referencia a la planificación y ordenación de los puertos no lo harían hasta tres meses después, es decir, hasta el 3 de octubre. En este periodo de tiempo dejado por la ley ha sido cuando se ha presentado otra vez la tramitación del antiguo proyecto de ampliación del puerto deportivo de s'Estanyol.

La Asociación de Vecinos de Son Reynés, en el núcleo costero de s'Estanyol mantiene desde 1993 una campaña en contra de este «macroproyecto» de ampliación del puerto deportivo, que entre otras cosas prevé pasar del 285 amarres actuales a 638 y multiplicar por cinco la superficie de puerto actual.

Después de años de reivindicación para conservar las características paisajísticas y ambientales del pequeño núcleo costero, ahora se han visto obligados en presentar nuevamente alegaciones durante el plazo de exposición pública al mismo proyecto que en 1993.

En sus alegaciones denuncian este retraso al aplicar una parte de la ley para facilitar su tramitación. «Es una ley descaradamente hecha a propósito para facilitar la aprobación de un proyecto ya presentado y rechazado anteriormente. Entre otras cosas implica que no tienen que pedirse los informes correspondientes al Consell de Mallorca, Demarcación de Costas y el Ajuntament de Llucmajor», explica el abogado de los vecinos de s'Estanyol, Josep Carrillo.

«La nueva ley ya establece que en el caso de ampliaciones de puertos, aunque sean sustanciales como esta, los informes no serán vinculantes, sin embargo evidentemente la Comisión Balear de Medio ambiente tendría problemas para justificar su aprobación si se encontraran con informes y contrarios de otros administraciones», añade. «El incumplimiento de diversas legislaciones del proyecto es flagrante, y por ello se ha hecho una ley 'ad hoc' para aprobarlo », concluye.