C. Ruiz de Galarreta22/11/05 0:00
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Los chalets ilegales de Llucalcari permanecen intactos ocho meses después del último auto judicial del Tribunal Supremo que requería al Ajuntament de Deià el derribo de las viviendas. Ante esta situación, el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), que durante veinte años ha pleiteado por la demolición de estas construcciones, ha instado al TSJB a tomar medidas penales contra el Ajuntament por no ejecutar la sentencia. Para el GOB, «la mala fe del Consistorio podría enmarcarse en un tipificado delito de desobediencia a los tribunales, previsto en el Código Penal». Por ello, pide que se ordene al alcalde de Deià, Jaume Crespí (PP), la ejecución del fallo judicial con la advertencia de las consecuencias que implicaría no hacerlo.

La formación ecologista entiende que «el Ajuntament de Deià no puede ser cómplice de intentos de escapar de la acción de la justicia, no derribando los cuatro chalets, el almacén y el camino. La primera sentencia en torno a la ilegalidad de los chalets de Llucalcari se remonta al año 1992 y el último auto del Supremo es de marzo pasado. En el mismo se requería al Ajuntament de Deià «para que lleve a término sin más dilaciones el mandato contenido en la sentencia firme, con el apercibimiento de que no llevarlo a efecto en el término de un mes, se tomarán las medidas prevenidas en el artículo 112 de la Ley Jurisdiccional».

A juicio del GOB, «con esta sentencia desaparecen todos los obstáculos legales para esquivar el derribo de las edificiaciones en una zona protegida de la Ley de Patrimonio Histórico y declarada Bien de Interés Cultural.