El alcalde de Inca, Pere Rotger, se declaró ayer «muy sorprendido» tras hacerse público que el Consell de Mallorca ha remitido un informe a la Fiscalía para que investigue si hubo prevaricación en la concesión de una licencia municipal de obra al Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) para construir 77 pisos de protección oficial en la calle Mandrava, en un solar calificado como zona verde. Posteriormente a la concesión de esta licencia, el Ajuntament modificó la normativa urbanística de Inca en la que actualmente el citado solar figura como zona urbana. «Tenemos mayoría absoluta. Las obras ya estaban adjudicadas por el Ibavi y creo que sería un mal alcalde si no lo hubiera hecho. ¡Esto no es Marbella! Es un caso cerrado», dijo Rotger tratando de restar importancia al informe del Consell.
El alcalde de Inca reconoció ayer que ha cometido una irregularidad administrativa con la concesión de esta licencia aunque entiende que no se le pueden exigir responsabilidades penales porque al tratarse de suelo público no se ha beneficiado a ningún particular sino «a todos los ciudadanos». Aún así Rotger quiso puntualizar que el Ibavi no dispone todavía de la licencia definitiva para construir que, aclaró, el Ajuntament d'Inca le concederá en este mes de enero. «Me sorprende mucho que sea ahora, con el Plan General de Ordenación Urbana aprobado, cuando el Consell remita este informe al fiscal. Hoy mismo, me pondré en contacto con el conseller de Territori del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, para ver qué ha podido ocurrir», dijo Pere Rotger, que recordó que existía un compromiso a nivel técnico y político para aprobar el PGOU que precisamente recalifica esta zona verde como urbana posibilitando la legalización de las viviendas sociales.
El alcalde justificó la irregularidad cometida porque «al tratarse de la zona más arcillosa del municipio, empezar en verano suponía adelantar la construcción de esta viviendas tres o cuarto meses». Así, la fecha final de la obra está prevista para marzo de 2007, justo dos meses antes de las próximas elecciones municipales. Cabe recordar que fueron los vecinos de la calle Mandrava quienes denunciaron ante el Consell la irregularidad que cometía el Ajuntament al considerar que esta obra podía devaluar el precio de sus propiedades.
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