La Fiscalía archiva la denuncia del Consell contra Pere Rotger por un presunto delito urbanístico

Cuando prestó declaración ante el fiscal de Medio Ambiente, Adrián Salazar, en la sede del Ministerio Público, el alcalde Inca reconoció que la concesión de la licencia de obras para la construcción de estas viviendas de protección oficial constituía una irregularidad administrativa, pero no penal, porque el solar estaba calificado como zona verde, pero insistió en que no había lucro de particulares. «Teníamos indicios cuando dimos la licencia para el proyecto básico de que el Consell de Mallorca no se opondría», explicó el primer edil de Inca. El Consell de Mallorca apuntaba la posibilidad de que los hechos denunciados fueran constitutivos de un delito de prevaricación urbanística, algo que la Fiscalía rechaza.

Los vecinos de la calle Mandrava, sin embargo, afectados por la construcción de 77 viviendas de protección oficial en una zona verde criticaron en su momento la «prepotencia y el desprecio» que les ha demostrado el alcalde con este tema. Los afectados consideraban que el alcalde les había despreciado iniciando las obras antes de resolver las más de 20 alegaciones que habían presentado solicitando que la zona verde situada delante de sus casas no se eliminara. Debido a esta actitud los vecinos de la calle Mandrava manifestaron que se reservaban también el derecho a interponer un proceso judicial reclamando responsabilidades de orden penal a las personas y entidades que hayan concedido las licencias y que construyen en una zona verde pública.