Joaquín Rabasco, presidente de ASI y edil de Llucmajor, denunció
la ilegalidad de la industria Omniprint, propiedad de los editores
del diario «El Mundo-El Día de Baleares», el pasado mes de junio
ante el juzgado de lo contencioso administrativo. Antes, la
alcaldesa de Santa Maria, Rosa Vich, le confirmó que la planta
carecía de permisos. El concejal de Llucmajor pide ahora al juzgado
que decrete el cierre cautelar hasta que se legalice la
situación.
En el pliego de alegaciones ante el tribunal, Omniprint reconoce
su situación irregular, pero pide al juez que exija a Rabasco una
fianza de ocho millones de euros por si se produce el cierre y
resulta después que no está justificado. La empresa asegura también
que la denuncia de Rabasco ha sido realizada con «notoria
temeridad». Reconoce que carece de permisos, pero justifica que se
encuentran «en proceso de tramitación». Asimismo, atribuye sus
irregularidades urbanísticas a un problema general del suministro
eléctrico.
Sobre el hecho de que la nave sobrepase en siete metros la
altura permitida, según la denuncia, Omniprint se limita a alegar
que el techo de 17 metros es necesario para «dar cabida a las
máquinas de impresión». Omniprint es una empresa participada por la
sociedad madrileña Unedisa y el grupo turístico de Gabriel Barceló,
que son los propietarios de la edición local de «El Mundo», que
allí se imprime. Barceló, fundador de la publicación, es el
«presidente de honor».
Rabasco denunció la situación ilegal de Omniprint al sentirse
«acosado» por el citado periódico, que exigió, por su parte, el
cierre cautelar de la discoteca Megapark, de s'Arenal, por un
problema urbanístico similar. Megapark cerró y acometió las obras
necesarias de regularización a raíz de aquella denuncia.
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